Durante el “Foro sobre la Prevención de Estafas Inmobiliarias”, celebrado en el auditorio de la escuela Juan Pablo Duarte, en el sector de Washington Heights, Manhattan, el jurista y experto en derecho inmobiliario Robinson Cuello Shanlatte advirtió sobre la necesidad de actuar con cautela ante propuestas inmobiliarias que ejercen presión para tomar decisiones apresuradas o que se presentan como «demasiado buenas para ser ciertas».
Cuello Shanlatte subrayó la urgencia de establecer mecanismos de garantía en los proyectos inmobiliarios en desarrollo, entre ellos la implementación de fianzas de fiel cumplimiento y el fomento del fideicomiso como modelo jurídico estructural, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y protección para los inversionistas.
El foro fue organizado por la Oficina del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, en coordinación con el Consulado Dominicano en Nueva York, y contó con la participación de entidades clave como el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) y la Procuraduría General de la República (PGR). También estuvieron presentes representantes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Registro Inmobiliario, Pro Consumidor, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Asociación de Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM), entre otras.
Durante su intervención, el experto hizo un llamado a fortalecer el régimen de responsabilidad de los agentes inmobiliarios, promoviendo procesos de depuración y control institucional para quienes fungen como intermediarios en la venta de proyectos.
Cuello Shanlatte sostuvo que estas medidas son esenciales para reducir los riesgos de fraude, reforzar la confianza en el mercado y proteger a los dominicanos en el exterior, quienes representan un segmento significativo de inversionistas en el sector inmobiliario nacional.
El foro concluyó con un enérgico llamado a la acción dirigido al Congreso Nacional, al Poder Judicial y a los organismos reguladores, instándolos a priorizar políticas de prevención, fiscalización y sanción contra quienes atenten contra la seguridad del mercado inmobiliario. El objetivo, enfatizó, es construir un entorno de inversión transparente, confiable y responsable, especialmente para la diáspora dominicana.
