Los operativos se llevaron a cabo en Santo Domingo, Santiago, Dajabón, Barahona, Azua, La Vega, Montecristi y San Pedro de Macorís, donde los equipos de la DGM, apoyados por efectivos del Ejército de la República Dominicana, inspeccionaron comunidades, zonas urbanas y rurales, mercados, terminales y construcciones. De acuerdo con el informe oficial, los extranjeros detenidos no pudieron presentar documentos que avalaran su estatus migratorio, por lo que fueron trasladados a los centros de retención para el proceso de depuración y posterior repatriación hacia Haití.
La institución, dirigida por el mayor general Enrique García, precisó que las intervenciones se ejecutan respetando los derechos humanos y en coordinación con el Ministerio de Defensa y otras agencias del Estado. Aseguró que todos los operativos son supervisados por personal de la DGM para garantizar un trato digno a las personas detenidas, evitando excesos y garantizando el cumplimiento del debido proceso.
En el comunicado, García reiteró que la República Dominicana no puede asumir la carga migratoria del vecino país, especialmente en momentos en que Haití atraviesa una crisis política, social y de seguridad sin precedentes. Recordó que el país ha mostrado una actitud solidaria durante años, pero que es necesario aplicar la ley para proteger la soberanía y la seguridad nacional.
Asimismo, la DGM advirtió que continuará realizando operativos sorpresa en todo el territorio nacional, enfocados en zonas donde se ha detectado un aumento de extranjeros en condición irregular. El organismo reiteró su compromiso con la política migratoria ordenada y segura, destacando que el ingreso al país debe realizarse por los canales oficiales y con la documentación requerida.
De acuerdo con las estadísticas más recientes, miles de haitianos cruzan cada mes la frontera hacia territorio dominicano buscando mejores condiciones de vida, trabajo y seguridad, lo que ha generado preocupación en algunos sectores por la presión que ejerce sobre los servicios públicos, el empleo informal y la seguridad ciudadana.
Por su parte, organismos de derechos humanos han insistido en que los procesos de repatriación deben realizarse bajo estándares internacionales y con especial atención a grupos vulnerables, como mujeres embarazadas y menores de edad. Sin embargo, las autoridades migratorias han insistido en que las leyes dominicanas son claras y que todos los extranjeros deben acatarlas sin excepción.
