El plan congresual “Déjala Ir”, una iniciativa conjunta de 75 legisladoras de distintos partidos, fue presentado en el Congreso Nacional con el propósito de establecer una política pública de Estado que permita combatir la violencia de género y erradicar los feminicidios para el año 2035.
Un plan integral con financiamiento garantizado
Las diputadas Carmen Ligia Barceló y Carolin Mercedes explicaron que la estrategia se compone de 18 proyectos de ley y que contará con un fondo permanente de financiamiento, nutrido por diversas fuentes:
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Un 0.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) destinado exclusivamente a políticas contra la violencia.
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Aportes de las alcaldías.
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Recursos provenientes de bienes decomisados por corrupción o narcotráfico.
“Los esfuerzos aislados han sido insuficientes. Es necesario garantizar los recursos para lograr resultados reales”, afirmó Barceló, representante de Hato Mayor.
Las congresistas subrayaron que la inclusión de fondos municipales y activos ilícitos garantiza la sostenibilidad del plan, evitando que quede en el olvido.
Emergencia nacional y política de Estado
El proyecto de ley marco —el primero de los 18— propone declarar los feminicidios como una emergencia nacional, una medida que busca reconocer la gravedad de la situación.
“Somos el segundo país con más feminicidios de la región; solo nos supera Honduras”, señaló Mercedes.
“Queremos que el Poder Ejecutivo asuma esta lucha como una política integral del Estado, no como acciones aisladas”, agregó.
Prevención desde la niñez y educación emocional
Uno de los pilares del plan es la prevención desde la infancia. Se propone incluir una asignatura sobre inteligencia emocional e igualdad de género en el currículo escolar, así como modificar la Ley General de Educación 66-97.
También se plantea la inclusión del trabajador social en los centros educativos, con un profesional por cada 300 estudiantes, para detectar a tiempo casos de violencia intrafamiliar.
“La escuela debe ser el primer espacio que identifique situaciones de riesgo”, enfatizó Mercedes.
Jurisdicción especializada y registro de agresores
El plan contempla la creación de una jurisdicción especializada en violencia de género, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, con personal capacitado para manejar los casos con enfoque psicológico, social y de justicia restaurativa.
Asimismo, se plantea el Registro Nacional de Agresores Reincidentes, de acceso restringido para las autoridades, que permitirá aplicar medidas de coerción y monitoreo más precisas, evitando reincidencias.
Protección a las víctimas: brazaletes y casas de acogida
Entre las herramientas de protección, se destacan dos medidas principales:
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Brazaletes electrónicos: permitirán el seguimiento telemático de agresores con órdenes de restricción. Un centro de monitoreo 24 horas emitirá alertas si el victimario viola la distancia establecida.
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Casas de acogida por provincia: el plan exige al Ejecutivo al menos una por provincia, que además funcionarán como centros de capacitación y apoyo para romper el ciclo de dependencia económica.
Control de armas en casos de agresión
Otro eje importante es el control de armas de fuego. Los proyectos incluyen la prohibición del porte a agresores sentenciados y establecen que militares o policías investigados por violencia deberán entregar sus armas de reglamento mientras dure el proceso.
Complemento al nuevo Código Penal
Las legisladoras aclararon que los 18 proyectos no duplican el contenido del nuevo Código Penal, sino que lo complementan. Incorporan figuras como la violencia vicaria y el feticidio, ausentes en la reciente reforma.
También precisaron que no se aborda el tema del aborto, evitando controversias ajenas al objetivo central del plan.
Unidad política y meta común: 2035
El mayor valor del proyecto, destacaron Barceló y Mercedes, es la unidad de las 75 legisladoras que lo impulsan. Han iniciado conversaciones con los líderes políticos para garantizar su aprobación y ejecución efectiva.
“Queremos que esto no quede en un anuncio, sino que se convierta en acción concreta para erradicar los feminicidios en el 2035”, afirmó Mercedes.
Las congresistas concluyeron que su visión es que, en una década, las mujeres dominicanas vivan más seguras, las familias no se desintegren por la violencia y el país alcance un clima de paz y equidad.
