FLORIDA — El primer contingente de inmigrantes ha sido ingresado en el recién inaugurado centro de detención ubicado en los Everglades de Florida, instalación que las autoridades estatales han bautizado como “Alcatraz con Caimanes”, una denominación que refleja la severidad y aislamiento de este complejo. Así lo confirmó un portavoz del fiscal general republicano James Uthmeier, arquitecto principal detrás del proyecto.
La instalación, levantada en un tiempo récord de ocho días, cuenta con una capacidad inicial para aproximadamente 3,000 detenidos, con planes de expandirse hasta 5,000 camas a principios de julio. Situada en un aeródromo utilizado previamente para entrenamiento, la infraestructura está reforzada con más de 200 cámaras de vigilancia, más de 28,000 pies de alambre de púas y un equipo de seguridad de 400 efectivos.
El gobernador Ron DeSantis ha supervisado de cerca el desarrollo del proyecto, que fue diseñado en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta instalación se convierte en el destino para los inmigrantes arrestados bajo el programa federal 287(g), que permite a las fuerzas policiales locales colaborar con ICE para la detención y posible deportación de personas sin estatus legal.
Funcionarios estatales defienden la elección de los Everglades, una región remota y difícil, como un elemento disuasorio para la inmigración irregular, apelando a la imagen inflexible de la antigua prisión federal de Alcatraz para enviar un mensaje claro sobre el rigor en la aplicación de la ley migratoria.
No obstante, la apertura de este centro ha provocado una ola de controversias y protestas. Legisladores demócratas de Florida realizaron una visita oficial para inspeccionar las instalaciones, manifestando preocupación por las condiciones de detención y por la asignación multimillonaria de contratos estatales para su construcción. En un comunicado conjunto, expresaron que su objetivo es “exigir respuestas y denunciar posibles abusos antes de que este modelo se extienda a nivel nacional”.
Además, grupos ambientalistas han presentado demandas legales para detener las operaciones del centro, argumentando que la instalación amenaza el frágil ecosistema de los Everglades. También se han sumado críticas de organizaciones de derechos humanos y tribus nativas que denuncian la ubicación en tierras consideradas sagradas, así como las condiciones climáticas adversas, entre ellas altas temperaturas, presencia de mosquitos y frecuentes lluvias intensas que provocaron inundaciones en las tiendas de campaña durante la reciente visita del presidente Donald Trump para inaugurar el complejo.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una declaración en la que aclaró que no ha financiado ni dirigido la construcción del centro, remarcando que es una iniciativa estatal desarrollada bajo la autoridad de emergencia otorgada por el gobernador DeSantis.
A pesar de las críticas, el Partido Republicano de Florida ha capitalizado políticamente el proyecto, lanzando campañas de recaudación de fondos que incluyen la venta de camisetas y otros artículos promocionales con la marca del centro.
La controvertida instalación representa un nuevo capítulo en la política migratoria de Florida y el país, evidenciando la creciente apuesta por medidas estrictas y disuasorias en un contexto de debate nacional sobre la inmigración y el respeto a los derechos humanos.
