Amnistía Internacional exige a Puerto Rico crear barreras legales para proteger a migrantes de las políticas migratorias represivas de Donald Trump
Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, emitió un firme llamado a las autoridades de Puerto Rico para que establezcan de manera inmediata «barreras de cortafuego» que protejan a la población migrante frente a las agresivas y discriminatorias políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. En un comunicado oficial difundido este lunes, Piquer insistió en que dichas barreras deben garantizar que las autoridades migratorias no puedan llevar a cabo operativos de control en espacios públicos sensibles como escuelas, tribunales, iglesias, clínicas y otros lugares donde los migrantes deberían tener la garantía de seguridad y respeto.
Este llamado se basa en los estándares internacionales de derechos humanos que exigen a los Estados proteger a las personas migrantes de detenciones arbitrarias y de prácticas que atenten contra su dignidad. En ese sentido, Piquer destacó que los proveedores de servicios públicos y privados tienen la responsabilidad legal y ética de negarse a compartir o intercambiar información sobre la situación migratoria de las personas con las autoridades migratorias, evitando así la colaboración indirecta en operativos que han demostrado ser invasivos y desproporcionados.
La directora de Amnistía Internacional subrayó que la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, debe asumir un rol proactivo y ponerse “del lado de la dignidad humana”, rechazando cualquier complicidad con políticas migratorias que han demostrado ser crueles, arbitrarias y que han fracturado comunidades enteras en los Estados Unidos y ahora también en Puerto Rico. Estas políticas, señaló Piquer, “desgarran los barrios y las familias trabajadoras, sembrando miedo y desconfianza”.
Desde enero de 2025, datos oficiales muestran que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha detenido a un mínimo de 568 personas en Puerto Rico, muchas de ellas de origen dominicano. Amnistía Internacional ha documentado que estas detenciones se caracterizan por un marcado perfil racial, violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias y la falta de acceso a defensa legal adecuada, lo que agrava la vulnerabilidad de las personas migrantes.
Los operativos migratorios se concentran en barrios donde predominan comunidades migrantes y trabajadores, afectando severamente la vida cotidiana. Las redadas suelen ocurrir en domicilios, en las calles camino al trabajo o en los propios centros laborales, generando un ambiente constante de temor y desamparo. En muchos casos, estos operativos han resultado en la separación forzada de familias, con consecuencias devastadoras para los niños y otros miembros vulnerables.
Además, se ha reportado que personas con documentación legal que acredita su derecho a residir en Puerto Rico también han sido detenidas, evidenciando la arbitrariedad y la falta de criterios claros en los procedimientos. Muchas de las personas arrestadas son trasladadas a centros de detención en Estados Unidos continental, donde enfrentan largos procesos legales con acceso limitado a asesoría y comunicación con sus familiares, prolongando su sufrimiento y desarraigo.
La presión y el miedo han llevado a que algunos migrantes opten por la “deportación voluntaria”, una opción contemplada en la ley pero que en la práctica refleja la desesperación ante la incertidumbre y las condiciones precarias en las que viven. Esta situación ha creado un clima de terror que paraliza a las comunidades migrantes, quienes por miedo a ser arrestadas evitan acudir a la escuela, a sus empleos, a centros médicos o incluso a mercados para abastecerse.
Además, víctimas de violencia, especialmente mujeres sobrevivientes de violencia de género, han desistido de denunciar sus casos o solicitar protección, temiendo ser detenidas y deportadas, lo que expone a estas personas a mayores riesgos y vulneraciones de derechos.
Frente a este escenario, Amnistía Internacional hace un llamado urgente y categórico a las autoridades puertorriqueñas, así como a la comunidad internacional, para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección plena de los derechos humanos de las personas migrantes. Es imperativo detener las prácticas discriminatorias, asegurar la no colaboración con operativos arbitrarios y proteger a las comunidades migrantes para que puedan vivir con seguridad, dignidad y acceso a la justicia.
Ana Piquer concluyó afirmando que solo a través de la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la implementación de políticas inclusivas será posible contrarrestar el clima de miedo y exclusión que afecta a miles de familias en Puerto Rico y en toda la región.
