El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este lunes sobre una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía que logró el rescate exitoso de 57 uniformados que permanecían retenidos en una zona de alto riesgo en el departamento de Cauca, al suroeste del país. Los militares, según las autoridades, habían sido privados de su libertad por el Bloque Carlos Patiño, un grupo armado ilegal perteneciente a las disidencias de las extintas FARC, liderado por Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’.
El operativo se desarrolló en la vereda Fondas, en el municipio de El Tambo, dentro del convulso cañón del Micay, una región históricamente golpeada por el conflicto armado, el narcotráfico y el abandono estatal. Según Petro, además del rescate de los soldados, fueron detenidas al menos 20 personas implicadas directamente en la retención, muchas de ellas capturadas en flagrancia mientras colaboraban o facilitaban el secuestro de los militares.
«En una acción articulada de nuestras fuerzas del orden, logramos liberar a nuestros 57 hombres retenidos por actores armados ilegales. Se encuentran a salvo y están siendo trasladados hacia Popayán», expresó el mandatario en un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).
De acuerdo con el informe del Ministerio de Defensa, los uniformados estaban distribuidos en dos pelotones. El primero, compuesto por dos suboficiales y 24 soldados, fue interceptado por una multitud de cerca de 200 personas en la localidad de El Plateado. Las autoridades aseguran que estos civiles fueron manipulados y coaccionados por miembros armados del Bloque Carlos Patiño, quienes utilizaron amenazas e intimidaciones para forzar su colaboración. El segundo grupo, con dos suboficiales y 29 soldados, fue retenido en la zona de La Hacienda, también en el municipio de El Tambo.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, denunció que estas personas fueron “instrumentalizadas” por el grupo armado, que recurrió al uso de la población civil como escudo para evadir el accionar de las Fuerzas Armadas. «Muchos de los responsables se infiltraron vestidos de civil, ocultando su identidad para generar confusión y evitar ser detectados», advirtió.
En respuesta a estos hechos, el Gobierno anunció la emisión de nuevas órdenes de captura contra líderes y miembros de la disidencia armada, así como el ofrecimiento de recompensas de hasta 500 millones de pesos colombianos (alrededor de 106,000 euros) para quienes brinden información clave sobre el paradero de jefes guerrilleros como Jhon Alexander Jiménez, alias ‘Zamora’.
Este incidente se suma a una cadena de eventos recientes que han puesto en entredicho el control territorial del Estado en diversas regiones del país. Hace apenas tres meses, las mismas disidencias provocaron la muerte de cinco militares y el secuestro de más de 30 policías en la misma zona, lo que llevó al Gobierno a reconocer que no ejerce soberanía plena en el cañón del Micay.
El rescate representa un duro golpe contra las estructuras disidentes que aún operan en el suroccidente colombiano, y al mismo tiempo, plantea serios desafíos para el proceso de paz total que promueve el Gobierno. La presencia de actores armados ilegales, el uso de la población como escudo y las violaciones a los derechos humanos evidencian que la estabilidad de muchas regiones sigue en vilo, y que la paz duradera requiere no solo voluntad política, sino también presencia efectiva del Estado y justicia para las comunidades afectadas.
