Declaran emergencia nacional por manejo de residuos sólidos en el Distrito Nacional
Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, declaró mediante el decreto 213-25 el estado de emergencia nacional para el proceso de compras y contrataciones destinadas al manejo de los residuos sólidos en el Distrito Nacional. La medida, firmada en abril de 2025, busca evitar una potencial crisis sanitaria provocada por la acumulación de basura en diversas zonas de la capital.
El decreto autoriza al Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) a realizar contrataciones urgentes de bienes, servicios y obras que permitan una recolección, transporte y disposición final efectiva de los desechos sólidos. El artículo primero de la disposición presidencial advierte sobre la necesidad de tomar medidas inmediatas ante el riesgo de salud pública que representa el deterioro del sistema de gestión de residuos.
El ambientalista Luis Carvajal explicó que desde una perspectiva ecológica, las emergencias sanitarias están directamente ligadas a procesos de contaminación extraordinarios, con impactos inmediatos o progresivos. Aseguró que la acumulación de basura en las aceras y esquinas de los barrios capitalinos puede derivar en la proliferación de plagas y enfermedades transmisibles, agravando la situación de salud pública.
“El manejo equivocado, erróneo e insuficiente de los desechos sólidos provoca que muchos lugares se constituyan en una amenaza por el desarrollo de plagas que son transmisores de enfermedades”, afirmó Carvajal en declaraciones al Listín Diario.
No obstante, el especialista advirtió que declarar una emergencia no basta: se requieren políticas estructurales y sostenidas para enfrentar el problema a largo plazo. También señaló que factores como el polvo del Sahara y las lluvias intensas complican aún más el panorama ambiental y sanitario.
Por otro lado, la decisión presidencial fue cuestionada por el regidor Manuel García, del partido Fuerza del Pueblo (FP), quien criticó que el decreto fue emitido sin consulta previa ni participación del Concejo de Regidores. García argumentó que la medida viola disposiciones legales como la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
“El bloque de regidores de la Fuerza del Pueblo estará solicitando un informe al contralor sobre los contratos renovados, ya que no se entiende por qué no se gestionaron a tiempo”, expresó García.
El edil anunció que su partido, junto al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el bloque de independientes, se reunirá en los próximos días para impugnar el decreto. Exigen respeto al marco institucional, transparencia en los procesos de contratación y mayor participación de los gobiernos locales en decisiones que les competen directamente.
La medida ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la sostenibilidad, el saneamiento urbano y la relación entre el gobierno central y los ayuntamientos en la gestión de servicios públicos esenciales.
