Difamación digital, un ciberdelito en auge en República Dominicana
En la República Dominicana, la difamación por medios digitales se ha convertido en uno de los ciberdelitos más perseguidos judicialmente. Con el crecimiento vertiginoso de las redes sociales y plataformas digitales, las querellas por injuria y difamación no solo han aumentado, sino que se han convertido en un fenómeno recurrente en la Fiscalía del Distrito Nacional.
Según el Departamento contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, este tipo de delitos figura entre los más activamente judicializados, con decenas de casos presentados cada año.
Casos de alto perfil
Uno de los casos más destacados en los últimos meses involucra a Milagros De Camps Germán, exviceministra de Cambio Climático, quien presentó una querella contra el comunicador Ángel Martínez, radicado en Miami, y otras cinco personas. La demanda, interpuesta el 24 de enero de 2025, incluye acusaciones bajo la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Según los abogados de De Camps, los acusados divulgaron en redes sociales contenido falso y denigrante, incluyendo la alegación de que ella estaría embarazada del presidente de la República, Luis Abinader. Se reclama una indemnización de RD$10 millones, destinados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Otro caso que ha captado la atención mediática es el del empresario Luis Ricardo Reyes Mendoza, quien también acusa a Martínez de haberlo calificado falsamente como narcotraficante y vinculado con figuras del crimen organizado en su canal de YouTube. Reyes Mendoza asegura que estas afirmaciones afectaron gravemente su vida personal, alegando incluso que su padre falleció por el impacto emocional de estas acusaciones.
Detención de Ángel Martínez
Ángel Martínez fue detenido en Puerto Plata recientemente por rebeldía, tras no asistir a las audiencias por una demanda previa interpuesta por el diputado Sergio Moya (Gory), quien también lo acusa de difamación.
Faride Raful y periodistas toman acción
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que emprenderá acciones legales contra quienes participan en campañas de descrédito en su contra. En un video difundido por Instagram, la funcionaria denunció el uso de contenidos manipulados como una forma de extorsión, señalando que se trata de una amenaza real para la integridad de las figuras públicas, especialmente de las mujeres.
En otra acción conjunta, reconocidos periodistas como Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez presentaron una querella contra varios comunicadores digitales por difundir acusaciones infundadas sobre presuntos pagos ilegales por parte de la USAID.
“La Tora” y otros comunicadores ante la justicia
El diputado Sergio Moya también mantiene un proceso legal contra la comunicadora Claudina Pérez, conocida como «La Tora», quien fue declarada en rebeldía por no asistir a audiencia. Tras ser arrestada, el proceso fue reprogramado y actualmente Pérez ha solicitado un juicio disciplinario contra la jueza del caso.
Además, Moya ha sometido al comunicador Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal por acusaciones similares, solicitando una investigación técnica del contenido difundido en YouTube.
Marco legal y criterio de la Suprema Corte
La proliferación de este tipo de casos ha llevado a la Suprema Corte de Justicia a establecer un criterio claro sobre la naturaleza de estos delitos. En la sentencia SCJ-SS-22-0563 del 2 de junio de 2022, la Segunda Sala Penal determinó que la difamación a través de medios electrónicos constituye un delito especial que debe ser perseguido como acción pública a instancia privada. Esto implica que no basta con una simple querella privada: debe haber una fase preliminar y la intervención del Ministerio Público.
Una tendencia en crecimiento
La facilidad de acceso a plataformas digitales ha transformado la dinámica de la comunicación pública, pero también ha dado paso a nuevos desafíos legales. Las autoridades dominicanas enfrentan el reto de equilibrar el derecho a la libertad de expresión con la protección del honor, la dignidad y la intimidad de las personas.
En un entorno donde un video viral puede alcanzar a cientos de miles en cuestión de horas, las fronteras entre la crítica legítima y la difamación malintencionada se vuelven cada vez más difusas. La justicia, mientras tanto, se convierte en un actor clave para poner límites y sancionar los excesos.
