Exdirector de Tsinghua Unigroup condenado a pena de muerte suspendida por corrupción en China
Un tribunal de la ciudad china de Jilin, en la provincia de Jilin, condenó este martes a pena de muerte en suspenso al exdirector de Tsinghua Unigroup, Zhao Weiguo, por los delitos de corrupción, perjuicio a los intereses de una empresa cotizada y facilitar beneficios ilegales a familiares y amigos.
La pena de muerte en suspenso se extiende por dos años, lo que significa que si Zhao no comete nuevos delitos y muestra buen comportamiento durante este período, su condena podrá ser conmutada a cadena perpetua. Además, el exejecutivo fue privado de sus derechos políticos de por vida y se le ordenó la confiscación de todos sus bienes personales.
Zhao, quien hasta 2021 presidió Tsinghua Unigroup, un importante conglomerado tecnológico chino especializado en semiconductores y otros productos electrónicos, fue hallado culpable de utilizar su posición para obtener beneficios ilícitos, incluyendo la venta de propiedades a precios por debajo del mercado a empresas relacionadas con su círculo cercano.
El tribunal detalló que, entre 2018 y 2021, Zhao y su socio, Li Luyuan, causaron un perjuicio directo al Estado de más de 470 millones de yuanes (alrededor de 65 millones de dólares) a través de estas operaciones fraudulentas. Además, entre 2014 y 2021, Zhao desvió contratos lucrativos hacia empresas de su entorno, lo que resultó en pérdidas superiores a los 890 millones de yuanes (aproximadamente 124 millones de dólares).
La corte subrayó que la magnitud de los delitos cometidos por Zhao causó un «daño significativo» tanto al Estado como a la empresa en la que fue directivo. No obstante, el tribunal consideró atenuantes, como la confesión de los crímenes, el arrepentimiento mostrado por el condenado y la devolución total de los bienes obtenidos de forma ilícita.
Zhao es uno de los ejecutivos de mayor rango condenados dentro de la extensa campaña anticorrupción impulsada por el presidente chino, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012. Esta iniciativa, que ha destapado casos de corrupción dentro del Partido Comunista de China (PCCh), ha sido vista por algunos como un esfuerzo para limpiar el sistema político, aunque también ha sido criticada por su posible uso como herramienta para eliminar a los opositores políticos de Xi.
