La República Dominicana tiene un grave problema en lo referente a la violencia en contra de la mujer, intrínsecamente ligado con la pobreza económica, mental y educativa del país.
El país se encuentra entre las naciones de la región con mayor tasa de feminicidios, y una violencia constante contra las niñas y las mujeres dominicanas que se origina en la dominación masculina y la socialización de los hombres.
Cada año, las estadísticas revelan que, en nuestro país, decenas de mujeres son asesinadas por razones de género, con historias de abusos sistemáticos en su entorno, muchas veces de parejas o exparejas que, en un acto de poder y control, decidieron quitarles la vida.
Si bien la violencia de género es un fenómeno que afecta a mujeres y niñas en todo el mundo, en la República Dominicana, esta problemática ha alcanzado niveles alarmantes. Y aunque las leyes y políticas públicas han avanzado, la violencia machista sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más graves que enfrenta nuestro país.
Esta violencia no solo se manifiesta de manera física, sino también psicológica, económica y sexual, perturbando gravemente la salud, el bienestar, la dignidad de las mujeres, y hasta su futuro.
El contexto socioeconómico, cultural y político de la República Dominicana contribuye a la perpetuación de esta problemática. Las actitudes patriarcales, la normalización de la violencia y la impunidad ante muchos casos de agresión son algunos de los factores que dificultan la erradicación de este flagelo.
El acceso limitado a la justicia, la falta de recursos, y la estigmatización de las víctimas también son barreras importantes que perpetúan el ciclo de violencia.
Las mujeres en República Dominicana tenemos una participación limitada en la vida política y pública, con poco acceso a empleos de calidad, y en su mayoría cargamos con la mayor responsabilidad en el cuidado de la familia, todo lo cual confirma la disparidad de género en el país.
Y es que, la sociedad dominicana sigue estando profundamente influenciada por actitudes patriarcales que justifican el control y la dominación masculina sobre las mujeres. Estas actitudes están presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana, desde la familia hasta los medios de comunicación, lo que contribuye a la aceptación de la violencia como una forma legítima de ejercer poder.
La falta de una educación integral sobre derechos humanos, igualdad de género, y violencia en las escuelas y la sociedad en general es una de las principales causas que perpetúan la violencia. La normalización de roles de género rígidos y la falta de estrategias de sensibilización refuerzan los estereotipos y las discriminaciones.
Asimismo, la poca independencia económica, la falta de oportunidades, y las dificultades para acceder a servicios sociales y de salud dejan a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad, haciendo que no puedan escapar de relaciones violentas, ya que la dependencia económica y social refuerza el ciclo de abuso y control.
A pesar de que hemos avanzado “algo”, muchas mujeres víctimas de violencia no reciben protección ni justicia, lo que significa que necesitamos mejorar. Por ejemplo, desde enero hasta finales de marzo, de este año, se reportaron 17 víctimas de feminicidios. Con cada día que pasa, las victimas siguen aumentando.
La impunidad en los casos de violencia de género, la ineficiencia del sistema judicial, el poco interés de las autoridades, y la escasa capacitación del personal supuesto a trabajar en el área, son factores que “disuaden” la denuncia y dificultan establecer sanciones hacia los agresores.
La violencia de género no solo tiene consecuencias físicas en las mujeres, sino también psicológicas y emocionales. Las víctimas sufren de trastornos como depresión, ansiedad, estrés postraumático, e incluso, algunas intentan suicidarse. Además, las secuelas afectan a sus hijos e hijas, lo que perpetua el ciclo de violencia hacia futuras generaciones.
Se necesita un nuevo código penal que contemple sanciones serias para quienes atenten contra la mujer, así como la implementación efectiva de nuestras leyes y políticas, el fortalecimiento del sistema judicial y un cambio en la mentalidad del ciudadano común, lo que entendemos serían pasos decisivos hacia la erradicación de la violencia de género en el país.
Nuestras autoridades pudiesen influenciar la reducción de la violencia contra las mujeres implementando estrategias integrales centradas en la prevención, la respuesta y la reforma legal, priorizando al mismo tiempo el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género.
Esto incluye aumentar la financiación de programas de prevención y respuesta, garantizar el acceso a la justicia, y promover cambios sociales en las actitudes y normas de nuestro país.
Es fundamental crear espacios seguros que fomenten interacciones comunitarias positivas, como mejorar la iluminación y reparar terrenos baldíos, crear espacios de distracción sanos, adoptar políticas sociales, educativas y económicas que apoyen a los niños, féminas y las familias.
Debemos entender y aceptar que la violencia de género en la República Dominicana es un desafío que requiere un enfoque integral y un compromiso genuino por parte del gobierno, la sociedad y las instituciones.
Es imperativo que se trabaje en la erradicación de las causas estructurales de la violencia, acceso a la justicia, y la promoción de una cultura de respeto e igualdad entre ambos sexos.
Solo a través de un esfuerzo colectivo y sostenido será posible crear un entorno en el que las mujeres podamos vivir libres de violencia y disfrutar de nuestros derechos fundamentales.
