El plazo otorgado por el presidente Luis Abinader para que los funcionarios de su gobierno presenten sus declaraciones juradas de bienes ha llegado a su fin, y se anticipa la aplicación de sanciones para aquellos que no acataron la orden.
El pasado lunes 24 de septiembre, Abinader concedió un plazo de 15 días a sus funcionarios para que regularizaran la presentación de sus bienes, advirtiendo que quienes no cumplieran con esta disposición serían suspendidos de manera inmediata y podrían ser destituidos en los próximos días.
Aunque no se conoce la cifra exacta de funcionarios que aún no han cumplido con este mandato, se espera que tanto la Cámara de Cuentas como el Gabinete de Ética del Gobierno den seguimiento al proceso y actualicen los listados correspondientes.
Estas medidas buscan garantizar la transparencia en la gestión pública y prevenir irregularidades en la declaración patrimonial de los servidores del Estado.
Se recuerda que la Cámara de Cuentas será la encargada de actualizar la información, mientras que el Gabinete de Ética se mantendrá vigilante ante cualquier incumplimiento.
