El uso de patinetas eléctricas como alternativa de transporte urbano continúa ganando terreno en la República Dominicana. Ligeras, plegables y económicas, se han convertido en una opción eficiente para cientos de ciudadanos que buscan llegar a sus trabajos o universidades sin quedar atrapados en los constantes tapones del Gran Santo Domingo. Para muchos, representan ahorro, movilidad sostenible y una solución práctica frente al caos vial.
Sin embargo, el crecimiento acelerado de su uso también ha encendido las alarmas de las autoridades debido a accidentes protagonizados por menores de edad, lo que ha derivado en operativos de retención e incautación por parte de alcaldías locales. Estas acciones han provocado el rechazo de usuarios y comerciantes, quienes aseguran que la medida es desproporcionada y afecta directamente su derecho al libre tránsito y a la propiedad privada.
Reunidos en el Parque Independencia, decenas de usuarios manifestaron su inconformidad con pancartas y consignas, exigiendo que cesen las incautaciones a nivel nacional. Raymond Jacquez, uno de los voceros del grupo, hizo un llamado directo a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que autorice a la Policía Nacional detener los operativos mientras se establece una regulación clara y consensuada.
Los manifestantes sostienen que más de 700 personas dependen de estos dispositivos para movilizarse, y que en muchos casos constituyen su herramienta de trabajo. Por ello, plantean soluciones concretas como la habilitación de ciclovías, campañas de educación vial y la delimitación de espacios seguros —como parques— para el uso recreativo de menores.
“Que se vea la ley y que todo se haga en base a lo que establece la normativa vigente. No existe una ley que prohíba las patinetas eléctricas”, argumentó Jacquez, insistiendo en la necesidad de diálogo antes de imponer restricciones generales.
Desde el ámbito institucional, el Ministerio de Interior y Policía informó que en los próximos días se realizará una mesa de trabajo interinstitucional junto a la Procuraduría General de la República y entidades que integran la Fuerza de Tarea, con el objetivo de establecer lineamientos que permitan prevenir lesiones y muertes evitables.
Posteriormente, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) recordó que las patinetas eléctricas no pueden circular por aceras y deben respetar un límite máximo de 20 kilómetros por hora, advirtiendo que cualquier modificación que supere ese rango constituye una violación a la normativa.
Mientras se definen reglas más precisas, el debate continúa abierto entre seguridad y movilidad. Los usuarios insisten en que la solución no es prohibir, sino regular con equilibrio, educación y espacios adecuados que garanticen tanto la seguridad vial como el derecho de los ciudadanos a elegir cómo desplazarse.
