Un magistrado de Paraguay dispuso este sábado la permanencia bajo prisión preventiva del exmandatario Santiago Peña, luego de que el Ministerio Público formulara una acusación formal en su contra por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio en la pesquisa vinculada a la clausura de Ueno Bank.
El pliego de imputación preparado por los fiscales precisa que el exjefe de Estado «habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales» en Ueno Bank, una firma con la que Peña «habría mantenido una relación económica y corporativa previa».
Peña figuraba como accionista de Ueno Holding, un grupo empresarial perteneciente al Grupo Vásquez que poseía, entre otras firmas, a Ueno Bank. En marzo de 2025, procedió a vender dicha participación, según especificó el libelo acusatorio de los legisladores que promovieron el juicio político en su contra.
El documento fiscal agrega que Ueno Bank habría captado esos fondos de carácter público «mientras desarrollaba operaciones crediticias con sociedades presuntamente vinculadas a su grupo económico», en las que «fueron identificadas observaciones e irregularidades por parte de los órganos de supervisión del Banco Central».
De igual modo, el Ministerio Público imputó y solicitó la medida de prisión preventiva en contra del expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, bajo la imputación de presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en condición de autor.
Carvallo acudió en la noche del viernes ante las autoridades correspondientes y quedó bajo arresto.
El exfuncionario encabezó la Financiera Ueno —de la cual surgió Ueno Bank— previo a asumir en 2023 la dirección de la entidad reguladora, cuyo directorio aprobó, «83 días después» de su nombramiento, la fundación del hoy extinto banco, explicaron los diputados durante la presentación de cargos.
A lo largo de la gestión gubernamental de Peña, el Instituto de Previsión Social (IPS) destinó alrededor de 355 millones de dólares en inversiones dentro de Ueno, entidad que además gestionaba los fondos de unos 32.000 jubilados.
El exgobernante paraguayo Santiago Peña, removido del cargo la jornada anterior mediante juicio político, fue conducido este sábado a la sede fiscal, horas después de que se efectuara su aprehensión en el marco de la causa por presunta lesión de confianza motivada por la quiebra de Ueno Bank, entidad a la que se le vincula y a la que se transfirieron millonarias sumas de recursos públicos durante su mandato.
Peña arribó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a bordo de un automóvil negro custodiado por una comitiva policial reducida para ofrecer su declaración inicial ante los fiscales, mientras en las afueras se agrupaba un pequeño número de ciudadanos.
El recinto fijado inicialmente para la comparecencia, programado en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, fue modificado horas antes amparándose en «razones de seguridad».
Posteriormente, las autoridades dictaron una orden de detención en su contra, efectivizada en el domicilio particular del exgobernante mediante un operativo integrado por agentes policiales y representantes del Ministerio Público.
El exjefe de Estado, quien no portaba esposas según se observó en transmisiones de medios locales, pernoctó en el Regimiento Escolta Presidencial, lugar al que fue evacuado desde su residencia debido a la multitud congregada en las inmediaciones que coreaba consignas de rechazo.
Durante la jornada del viernes, Peña resultó destituido al ser declarado culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político desarrollado en el Senado, en el contexto de la convulsión política ocasionada por la liquidación, debido a problemas de solvencia, de Ueno Bank, entidad que contaba con 2,94 millones de usuarios, incluyendo organismos gubernamentales cuyos depósitos quedaron retenidos.
Junto con las medidas contra Peña, los fiscales requirieron la privación de libertad de Carlos Carvallo, quien ejerció la titularidad del Banco Central del Paraguay (BCP) hasta el pasado martes, fecha en que presentó su renuncia en pleno proceso de resolución o disolución de Ueno. El exfuncionario se entregó la noche del viernes y fue detenido.
De acuerdo con la acusación formalizada por los diputados que impulsaron el juzgamiento político, Peña mantenía acciones en Ueno Holding, conglomerado empresarial del Grupo Vásquez que administraba Ueno Bank entre sus firmas. En marzo de 2025, vendió esa participación accionaria.
Carvallo ocupó la presidencia de la Financiera Ueno —origen de Ueno Bank— antes de ser designado en 2023 como máxima autoridad del organismo emisor, cuya directiva autorizó, «83 días después» de su toma de posesión, la creación de la intervenida entidad bancaria.
En relación con este expediente, el Ministerio Público ha imputado a 27 personas, entre las cuales figura Miguel Vásquez, uno de los promotores de Ueno Bank, quien este viernes ingresó a establecimientos penitenciarios junto a otros cinco ejecutivos.
La salida del poder de Peña desencadenó la línea sucesoria en el Poder Ejecutivo, asumiendo la jefatura del Estado el hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana, quien prestó juramento el viernes durante una sesión extraordinaria del Congreso para concluir el período presidencial que se extiende hasta 2028.
En tanto, el recién juramentado vicepresidente de Paraguay, Antonio Barrios, confirmó este sábado que la administración de Pedro Alliana solicitará apoyo a naciones «aliados», sin ofrecer nombres específicos, a fin de seguir el rastro de los fondos administrados por la desaparecida institución bancaria.
«Tenemos que recurrir a nuestros aliados. Tenemos aliados que son países del primer mundo, con mucha tecnología, que podrían ayudarnos a saber dónde está el dinero», manifestó el representante gubernamental en declaraciones a la emisora ABC Cardinal.
Barrios asumió la jornada anterior como vicepresidente en sustitución de Alliana, quien debió asumir la Presidencia ante la vacante producida tras la remoción de Peña para gobernar hasta agosto de 2028.
La nación paraguaya atraviesa un escenario de crisis luego de que el Banco Central (BCP) decretara el martes pasado el inicio del procedimiento de disolución de Ueno, entidad que registraba 2,94 millones de usuarios en un país de 6,1 millones de habitantes, y que acumuló importantes depósitos de instituciones estatales durante la gestión del expresidente.
El cese de operaciones, anunciado de madrugada el 3 de noviembre, generó intranquilidad en miles de ahorrantes que exigían la devolución de sus recursos, entre los que se cuentan 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las dependencias previsionales más relevantes de la nación.
Otras dependencias del Estado han reportado la colocación de recursos de liquidez en la extinta entidad financiera.
Con relación al caso, Barrios, quien resultó electo senador en 2023 antes de dimitir para ocupar la Vicepresidencia, dio a conocer en la entrevista que recibió en su despacho una documentación anónima con «una cantidad de barbaridades», contenido que sometió a evaluación de especialistas.
Aquella documentación motivó, según expuso, la solicitud de un requerimiento de información al BCP formulado en su condición de legislador conjuntamente con el titular del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, y su entonces homólogo Natalicio Chase.
«Al leer me asusté», reconoció el vicemandatario, quien solicitó precisiones en ese momento «sobre el cumplimiento de los límites prudenciales aplicables a operaciones con partes vinculadas y sobre las medidas correctivas adoptadas respecto de Ueno Bank S.A.».
En esa línea, sostuvo que en la entidad emisora «ocurrieron cosas que nunca deberían haber ocurrido», manifestando su asombro de que ni la Superintendencia de Bancos ni el directorio del BCP «no hayan tenido conocimiento».
«Nosotros quedamos totalmente sorprendidos; estamos casi nocaut por lo que ocurrió», confesó Barrios, remarcando que mantenían puestas sus esperanzas en Peña, con quien compartió labores durante «prácticamente 10 años» y de quien afirmó que «siempre se mostró como una persona íntegra».
Asimismo, remarcó que se mantendrán a la espera de las determinaciones del Poder Judicial.
«Que la justicia haga lo que tenga que hacer y no quiero emitir ningún juicio de valor en ese sentido», aseveró al responder sobre la eventual responsabilidad del exjefe de Estado en la bancarrota de Ueno Bank.
Por otra parte, la representación gubernamental aseveró que el país resultó «fortalecido de esta crisis puntual», tras culminar el juicio político que derivó en la destitución del exmandatario Peña.
«La respuesta institucional demuestra que rige el Estado de derecho, que cuenta con un sólido sistema financiero y que el país dispone de mecanismos para detectar irregularidades, corregirlas, proteger a los afectados y exigir responsabilidades», afirmó la Cancillería en un comunicado público.
«El Paraguay sale fortalecido de esta crisis puntual», ponderó el ministerio de Relaciones Exteriores, expresando su gratitud por «las muestras de solidaridad recibidas en estos difíciles momentos».
Con información de Noticias SIN.
