El sistema eléctrico dominicano continúa siendo una de las mayores fuentes de presión sobre las finanzas públicas, con transferencias multimillonarias del Gobierno Central destinadas a cubrir el déficit operativo de las distribuidoras y garantizar la estabilidad del suministro energético. Aunque el Estado ha emprendido múltiples reformas y programas de modernización en el sector, las transferencias al sector eléctrico siguen representando una pesada carga para los contribuyentes, que año tras año deben asumir los costos de un sistema que todavía no logra alcanzar su sostenibilidad financiera.
Durante los primeros meses de 2025, el Gobierno ha destinado más de 60 mil millones de pesos al sector eléctrico, una cifra que refleja la magnitud del problema y su impacto en las cuentas nacionales. Estas transferencias se utilizan principalmente para subvencionar las pérdidas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) y para mantener las tarifas a niveles estables, evitando incrementos drásticos que afectarían directamente al consumidor. Sin embargo, economistas advierten que esta práctica se ha convertido en un ciclo difícil de romper, donde el Estado asume continuamente los déficits sin lograr una transformación estructural.
Según un informe reciente de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), las transferencias al sector eléctrico representan uno de los mayores renglones de gasto no programado dentro del Presupuesto Nacional. Esto significa que los fondos asignados a educación, salud o infraestructura muchas veces se ven limitados por la necesidad de financiar el sistema energético, lo que reduce la capacidad del Estado para invertir en otras áreas prioritarias.
El economista Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), explicó que el problema radica en la estructura ineficiente de las EDE, cuyos niveles de pérdida superan el 30 % de la energía servida, debido al robo eléctrico, la mala facturación y la falta de mantenimiento en las redes. “Mientras no se reduzcan las pérdidas técnicas y no técnicas, el sistema eléctrico seguirá siendo insostenible y dependiente del subsidio estatal. Es una carga que pagan los contribuyentes, aunque no sean los responsables del problema”, sostuvo.
A esto se suma el alto costo de generación, que en muchos casos depende del uso de combustibles fósiles importados. Si bien el país ha avanzado en la incorporación de fuentes renovables, como la energía solar y eólica, su participación en la matriz eléctrica aún es limitada. Por esa razón, las variaciones internacionales en los precios del petróleo continúan afectando directamente el presupuesto nacional, obligando al Gobierno a realizar ajustes fiscales para cubrir los compromisos con los generadores.
El Ministerio de Energía y Minas ha señalado que la meta es alcanzar la autosuficiencia del sistema eléctrico en el mediano plazo, reduciendo progresivamente la dependencia de subsidios. Para ello, se han impulsado proyectos de expansión de las redes de transmisión, modernización de medidores inteligentes y acuerdos con el sector privado para mejorar la eficiencia de cobro y distribución. No obstante, los resultados aún no se reflejan de forma significativa, lo que genera preocupación entre los analistas.
En opinión del economista Henry Hebrard, la situación del sector eléctrico “actúa como una especie de impuesto silencioso sobre la población”, ya que los recursos destinados a las transferencias provienen del dinero que los ciudadanos aportan a través de los impuestos. “El problema no es solo económico, sino de equidad. Los dominicanos están pagando dos veces: primero con tarifas eléctricas que no siempre se corresponden con un buen servicio, y luego con sus impuestos para sostener las pérdidas del sistema”, expresó.
El Banco Central de la República Dominicana también ha advertido sobre los riesgos macroeconómicos de mantener un alto nivel de subsidios energéticos, especialmente en un contexto de volatilidad externa. Si bien estas transferencias ayudan a evitar apagones y a mantener la estabilidad social, su sostenimiento a largo plazo podría comprometer la estabilidad fiscal si no se adoptan medidas estructurales.
El debate sobre la reforma eléctrica vuelve a cobrar fuerza. Expertos plantean la necesidad de una mayor participación del sector privado, la implementación de auditorías independientes en las distribuidoras y una transparencia total en el uso de los recursos públicos. Solo con una gestión más eficiente —coinciden los especialistas— será posible romper el ciclo de dependencia que por décadas ha lastrado las finanzas del país.
Mientras tanto, los contribuyentes dominicanos continúan soportando la pesada carga de un sistema que parece no encontrar su equilibrio. Cada año, los presupuestos nacionales incluyen nuevas partidas para cubrir las deficiencias de un sector que, pese a los esfuerzos de modernización, sigue siendo una de las grandes deudas pendientes del desarrollo económico nacional.
