El jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, entregó este jueves 5 de noviembre su dimisión al puesto, en el contexto de una coyuntura política y financiera desencadenada tras la intervención de Ueno Bank, una compañía privada con la cual mantuvo nexos comerciales y que recibía cuantiosas inversiones de organismos estatales a lo largo de su gestión.
El abandono del cargo aconteció frente a la exigencia de sectores opositores y de la propia agrupación Partido Colorado, las cuales promovían un juicio político en contra del gobernante por supuestos conflictos de intereses y su responsabilidad en los problemas de la entidad bancaria.
Mediante una alocución grabada, Peña manifestó que su postura obedecía a la urgencia de resguardar la estabilidad de la nación, la convivencia social y el orden institucional democrático.
La situación de tensión se inició el martes 3 de noviembre, momento en que el Banco Central del Paraguay (BCP) hizo pública la intervención de Ueno Bank, luego de constatar que el indicador de solvencia de la entidad descendió a un porcentaje menor al 50 % del mínimo requerido por la reglamentación.
La disposición conllevó el cese de las actividades de la institución financiera, abarcando sus prestaciones digitales, plásticos bancarios y oficinas, lo que imposibilitó a millones de usuarios el ingreso inmediato a sus fondos.
Entre los elementos que mayor controversia han generado destaca el volumen de fondos públicos asignados a Ueno Bank, en especial aquellos pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), entidad responsable de la gestión de los recursos de pensiones y protección social.
Conforme a cifras divulgadas por EFE, el IPS registraba inversiones cercanas a los 355 millones de dólares en la firma, lo que representaba cerca del 9 % del total de su cartera de inversión.
Asimismo, Ueno Bank administraba el desembolso de los haberes de aproximadamente 32,000 pensionados paraguayos.
De igual forma, entre las dependencias con capitales en dicho banco se encontraban la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la central hidroeléctrica binacional de Itaipú.
La intervención financiera suscitó cuestionamientos sobre el resguardo de dichos capitales y respecto a las herramientas de fiscalización que facilitaron la acumulación de patrimonio estatal en una firma cuya solvencia sufrió un progresivo menoscabo.
El vínculo mercantil del jefe de Estado con el conglomerado dueño del banco representa una de las piezas centrales del conflicto.
Peña figuró como accionista de Ueno Holding, consorcio ligado a la entidad bancaria, hasta el año 2025, fecha en que vendió sus títulos accionarios en el marco de señalamientos referentes a un eventual conflicto de intereses.
Las objeciones iniciaron al menos en octubre de 2024, tras la compra por parte del IPS de títulos de deuda de Ueno por un monto de 250,000 millones de guaraníes, cifra equivalente en su momento a unos 32 millones de dólares, con un plazo de vencimiento a siete años.
En ese entonces, Peña desestimó los informes de prensa que sugerían presuntas anomalías y los definió como parte de una campaña mediática engañosa.
El presidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, aseveró en dicha coyuntura que el dignatario no poseía cuota directa en el banco, si bien admitió que mantenía acciones en Ueno Holding.
El asedio político contra Peña se intensificó el miércoles 4 de noviembre, al momento en que 35 legisladores introdujeron formalmente un pliego acusatorio para someterlo a un juicio político, extensible al vicepresidente Pedro Alliana.
Los congresistas achacaron al gobernante supuestos conflictos de intereses, anomalías en la administración de fondos de jubilación y faltas políticas derivadas del accionar de los órganos fiscalizadores del sector financiero.
El documento acusatorio impugnó de igual modo la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central, atendiendo a que con anterioridad estuvo al mando de Financiera Ueno, entidad previa a Ueno Bank.
De acuerdo con la Cámara de Diputados, los impulsadores del juzgamiento parlamentario afirman que las autoridades estaban al tanto de las carencias del banco y omitieron las acciones requeridas para salvaguardar los fondos del Estado. Dichos señalamientos aún se encuentran en fase de indagación y no representan hechos acreditados por vía judicial.
El proceso cobró mayor fuerza tras conocerse que el titular del Congreso, Basilio Núñez, junto con el exmandatario Horacio Cartes, referente del Partido Colorado, quitaron su apoyo al presidente Peña, según reportó Reuters.
El retiro de alianzas en las filas oficialistas colocó al gobernante en un escenario de marcada debilidad previo a la deliberación de la cámara.
Asimismo, la medida sobre la entidad financiera desató jornadas de protesta en Asunción, donde decenas de usuarios exigieron la restitución de su dinero.
Las movilizaciones se prolongaron a lo largo del martes y del miércoles. En diversos sectores de la capital se registraron disturbios entre los ciudadanos y efectivos policiales, quienes emplearon agentes químicos y camiones cisterna con agua para frenar la marcha rumbo a la sede legislativa.
La perturbación financiera derivó igualmente en el inicio de un proceso penal dirigido a los ejecutivos de Ueno Bank. El Ministerio Público dispuso el arresto de ocho altos directivos del banco y los tribunales decretaron el congelamiento de bienes.
Entre las personas indagadas se encuentra Miguel Vázquez, identificado como uno de los accionistas mayoritarios y fundadores de la firma.
El Banco Central hizo pública la habilitación del Fondo de Garantía de Depósitos, esquema que prevé una protección de hasta 75 sueldos mínimos por titular, suma que representa aproximadamente 38,622 dólares, conforme a los balances ofrecidos por los entes oficiales.
De forma paralela, las autoridades anunciaron instrumentos para efectuar adelantos en los reembolsos dirigidos a la clientela perjudicada.
Los voceros del sistema regulador enfatizaron que las complicaciones atañen de forma puntual a una entidad concreta y no suponen una crisis sistémica de la banca paraguaya en su totalidad.
En ese sentido, la Asociación de Bancos del Paraguay ratificó que las restantes firmas operan con regularidad y mantienen márgenes idóneos de solvencia y liquidez.
El alejamiento de Peña inaugura un nuevo panorama institucional en Paraguay, en el cual el vicepresidente Pedro Alliana figura como el reemplazo constitucional para ocupar la jefatura del Poder Ejecutivo.
No obstante, Alliana fue señalado de igual manera en el pedido de juzgamiento político incoado por los parlamentarios, los cuales objetan su actuación ante las supuestas anomalías financieras de la compañía.
El vicemandatario había comunicado el 2 de noviembre la paralización temporal de sus pretensiones electorales de cara a los comicios de 2028, con la finalidad de abocarse a la coyuntura económica y bancaria de la nación.
La coyuntura siembra dudas sobre la estabilidad del mandato del Partido Colorado, que asumió la conducción estatal junto a Peña en agosto de 2023, así como sobre los hallazgos que arrojen las pesquisas judiciales y bancarias en curso.
La problemática ligada a Ueno Bank plantea dos retos de significancia para Paraguay: esclarecer las responsabilidades ante el colapso del banco y asegurar la devolución de las tenencias particulares y estatales involucradas.
Con información de Diario Libre.
