Residentes de las riberas del río Ozama han denunciado abusos y atropellos durante los desalojos forzosos llevados a cabo en la zona por parte de las autoridades locales. Los vecinos aseguran que han sido objeto de violencia física y psicológica por parte de las fuerzas del orden, quienes habrían recurrido a métodos agresivos durante las acciones de desalojo, sin ofrecer alternativas ni compensación adecuada.
Desde hace varias semanas, las autoridades han intensificado los desalojos en las áreas cercanas al río Ozama, alegando la necesidad de recuperar los terrenos y prevenir riesgos ambientales. Sin embargo, los afectados aseguran que las condiciones de los desalojos no han sido transparentes ni respetuosas de sus derechos humanos.
Varios testimonios de los residentes señalan que los operativos fueron realizados sin previo aviso y con la presencia de equipos de seguridad que habrían utilizado la fuerza para despojar a las familias de sus viviendas. «Nos levantaron a la fuerza, nos quitaron todo lo que teníamos, hasta nuestras pertenencias más personales. No nos dieron tiempo para sacar nuestras cosas, fue un atropello», expresó Rosa Rodríguez, una de las afectadas por los desalojos.
Además, los vecinos han denunciado que no se les ofreció ningún tipo de compensación o plan de reubicación, lo que ha aumentado el sentimiento de injusticia entre los afectados. «Nos dicen que tenemos que irnos, pero no nos dicen a dónde ni nos ofrecen ayuda. Es como si nuestras vidas no importaran», agregó Rodríguez.
Frente a estas denuncias, organizaciones sociales y comunitarias han pedido a las autoridades que revisen los procedimientos de desalojo y garanticen que los derechos de las familias afectadas sean respetados. La sociedad civil ha señalado que muchos de los residentes en las riberas del río Ozama son personas de escasos recursos, que han habitado la zona durante décadas, y que sus viviendas no son solo un espacio físico, sino también su único refugio.
«Es necesario que se garantice una solución justa y humana para estas personas, que no solo pierden su hogar, sino también sus medios de subsistencia», comentó Carlos Gómez, representante de la Red de Organizaciones Sociales de la Zona Ozama. La agrupación también ha solicitado la intervención de organismos internacionales para asegurar que los desalojos se realicen bajo el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
La respuesta del gobierno
El gobierno, por su parte, ha defendido la legalidad de los desalojos, argumentando que se realizan por razones de seguridad y protección del medio ambiente, dada la vulnerabilidad de la zona a inundaciones y desastres naturales. Sin embargo, las autoridades han expresado su disposición para revisar los casos de las familias más vulnerables y buscar soluciones que les permitan ser reubicadas adecuadamente.
Mientras tanto, los residentes afectados continúan luchando por sus derechos y exigiendo una solución justa que respete su dignidad y su derecho a un hogar. El conflicto sigue siendo un tema de debate en la sociedad dominicana, mientras se buscan alternativas que equilibren el desarrollo urbano con la protección de las personas más vulnerables.
