Abogados de derechos humanos de El Salvador piden asilo político en España tras orden de arresto por «agrupación criminal»
Los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, miembros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran actualmente varados como refugiados políticos en el País Vasco, España, tras recibir una orden de arresto emitida por una jueza salvadoreña que los acusa de pertenecer a una «agrupación criminal».
Cruz, quien habló en exclusiva con RFI, aseguró que la orden de detención es parte de una persecución política contra UNIDEHC, organización que ha denunciado de manera constante las violaciones de derechos humanos ocurridas en El Salvador desde que el presidente Nayib Bukele instaurara el estado de excepción hace tres años. Según Cruz, el objetivo de la jueza es silenciar la labor de la organización, que ha luchado por la defensa de los derechos fundamentales de las víctimas de tortura y corrupción en centros penales.
Persecución por denunciar violaciones de derechos humanos
Ivania Cruz explicó que la persecución contra su organización comenzó después de haber liberado a varias personas que denunciaron abusos en los centros penitenciarios, incluyendo el caso de Fidel Zavala, quien fue recapturado en febrero de este año. La detención de Zavala se produjo en un operativo que también incluyó allanamientos en la sede de UNIDEHC y la vivienda de Cruz, así como la captura de más de 20 líderes comunitarios.
Cruz denunció que la situación se agravó cuando, durante un viaje a España para hablar sobre la situación de derechos humanos en El Salvador, una orden de captura fue emitida en su contra y la de Rudy Joya, obligándolos a solicitar asilo político en el País Vasco para proteger su seguridad.
Denuncias sobre el estado de excepción y la represión
La abogada también subrayó que, en los tres años desde la implementación del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86,000 detenciones, de las cuales un 30% serían arbitrarias. Según Cruz, más de 500 muertes han sido documentadas, muchas de ellas relacionadas con torturas en centros de detención o por falta de atención médica. La abogada y su organización continúan denunciando estos abusos ante organismos nacionales e internacionales.
Medidas legales y acciones internacionales
Ante la orden de arresto, UNIDEHC ha decidido tomar medidas legales. Estas incluyen presentar una denuncia por actos arbitrarios contra la jueza que emitió la orden de captura, así como llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Además, la organización planea presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando visibilidad internacional para lo que considera una clara persecución política.
Criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos
El gobierno de Nayib Bukele ha enfrentado duras críticas por su trato hacia defensores de derechos humanos, con acusaciones de reprimir y criminalizar a quienes denuncian la corrupción y las violaciones de derechos fundamentales en el país. La situación de Cruz y Joya pone de relieve los riesgos a los que se enfrentan aquellos que luchan por la justicia en El Salvador bajo el actual contexto político.
