El alto costo de los partos de haitianas: un desafío para la salud pública dominicana
Si bien la gratificación de ayudar a los demás suele ser mayor que recibir, cuando la balanza se inclina demasiado hacia un solo lado, el sistema corre el riesgo de desequilibrarse. Este es el caso de la asistencia sanitaria brindada por la República Dominicana a Haití, especialmente en el contexto de los partos de haitianas, tanto legales como ilegales, que se llevan a cabo en hospitales dominicanos. De acuerdo con los datos oficiales del 2024, obtenidos a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), la cantidad de haitianos atendidos por el sistema de salud dominicano es considerablemente alta, lo que ha generado un debate sobre el impacto que tiene este fenómeno en la salud pública del país.
En términos generales, los hospitales dominicanos han brindado atención médica a un total de 580,303 haitianos, incluyendo servicios de emergencias, hospitalizaciones y cirugías, sin hacer distinciones de nacionalidad. Esta actitud humanitaria de los profesionales de la salud ha sido respaldada por las autoridades, que destacan el compromiso y la dedicación de médicos y enfermeras, quienes atienden a todos los pacientes con igual esmero. Sin embargo, hay quienes argumentan que esta generosidad está poniendo en peligro la calidad de atención que reciben los ciudadanos dominicanos.
El costo de la asistencia a haitianas en estado de gestación
Uno de los principales puntos de preocupación radica en la atención médica que recibe la población haitiana en estado de gestación, en particular las haitianas que llegan a dar a luz en los hospitales dominicanos. Según las estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS), 32,967 haitianas en estado de gestación fueron atendidas en República Dominicana durante el año 2024. Esta cifra ha generado un debate sobre el impacto que tiene en los recursos del sistema de salud dominicano.
En la Región 0, que incluye el Distrito Nacional, Monte Plata y Santo Domingo, se concentra el mayor número de partos de haitianas, con 9,904 partos, lo que representa aproximadamente el 30% del total de partos en el país. Esta región alberga dos de los hospitales más afectados por el alto número de pacientes haitianos: la Maternidad de La Altagracia y la Maternidad de Los Mina, ambos recibiendo una gran carga de atención a parturientas haitianas.
El impacto en los hospitales y la atención a las dominicanas
El doctor Jorge Jiménez, director de la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, expresó que su centro hospitalario ha experimentado un flujo considerable de pacientes haitianos, que representa casi el 45% de la morbilidad recibida en el último año. Asegura que el alto número de partos y complicaciones provenientes de la población haitiana impacta directamente en la capacidad de respuesta de los hospitales dominicanos y en la atención a las dominicanas que pagan impuestos para financiar el sistema sanitario.
El senador Daniel Rivera, exministro de Salud Pública, también se mostró preocupado por la situación y destacó que «nuestros médicos y enfermeras, y todo nuestro personal, atienden con el mismo amor y pasión a cualquier paciente, no importa la nacionalidad. Lo que reclamamos es que perjudica a nuestras dominicanas que pagan impuestos». Esta reflexión subraya el dilema de cómo equilibrar el apoyo humanitario a un país vecino con las necesidades internas de la población dominicana, que en ocasiones siente que se ven afectadas por el alto costo de este servicio.
El desafío humanitario y económico
La situación de los partos de haitianas en los hospitales dominicanos pone de manifiesto un reto complejo. Por un lado, está el compromiso humanitario del país de recibir y atender a los pacientes sin discriminación, pero por otro lado, se presenta la necesidad urgente de encontrar un equilibrio entre la solidaridad y la capacidad económica y operativa del sistema de salud nacional.
Las autoridades de salud dominicanas han planteado que se debe implementar un enfoque más efectivo para regular el flujo de pacientes haitianos, que respete los derechos humanos pero también contemple las limitaciones del sistema. En ese sentido, el desafío radica en encontrar soluciones que beneficien a ambas naciones sin comprometer la calidad de los servicios destinados a la población dominicana.
Mientras tanto, el debate sobre cómo gestionar este flujo de personas y los recursos destinados a la atención médica sigue siendo uno de los temas más relevantes en la política de salud pública de la República Dominicana. Sin duda, las decisiones que se tomen en el futuro cercano serán fundamentales para determinar el rumbo del sistema sanitario en un contexto de creciente presión.
