Si delincuentes o no, nunca lo sabremos. Ninguno de los cientos de asesinados por la Policía Nacional fue juzgado y condenado en una última instancia. La presunción de inocencia, conquista del Estado de derecho, quedó sepultada con ellos.
Solo conocemos de prontuarios, acusaciones, imputaciones y calificativos: peligroso, armado, reconocido delincuente. Un expediente que coloca al señalado en una lista de muerte, sin apelación y sin remedio.
Sí sabemos que usualmente ningún policía resulta herido ni siquiera ligeramente. Que las víctimas son todas pobres y que los «intercambios de disparos» se registran en interiores de viviendas o en el exterior, pero siempre en barrios donde la escasez tiene muchas caras.
Aquí solo matan a «delincuentes» pobres y jóvenes, indicio claro de por dónde se orienta la estrategia de seguridad pública. Pero también de una falencia que demuestra un grado alto de insensibilidad y desamparo. La lucha contra la inseguridad pública se ha reducido a la mano dura.
Ciertamente la Policía no trata con los niños cantores de Viena. Debe enfrentar personas armadas y protegerse de amenazas reales. Pero esa obligación no convierte cada muerte en legítima ni exonera a la institución de explicar cómo ocurrió. Un prontuario tampoco sustituye las pruebas.
De la ecuación se elimina la causa que provoca la posible conducta antisocial. Nadie nace con un prontuario. La trayectoria hacia la violencia se forma entre decisiones personales, carencias familiares y fallas sociales que ninguna bala corrige. Tiene solo validez el gatillo alegre sin que importen las causas que, unidas a la pobreza, conducen a la inobservancia de la ley.
El Estado debe perseguir delitos, no administrar condenas de muerte. Una sociedad que acepta ejecuciones sin juicio porque los muertos son pobres acaba renunciando a derechos que también son suyos.
