Ana Julia Quezada, la mujer de origen dominicano condenada en 2019 a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz, fue acusada este miércoles por la madre del menor de enviarle amenazas desde la cárcel. La denuncia se produce en medio de una nueva investigación que involucra a un funcionario penitenciario, quien presuntamente habría sido sobornado con favores sexuales por la reclusa.
Patricia Ramírez, madre del niño de ocho años asesinado en 2018 en Almería, compareció ante los medios en una rueda de prensa urgente donde pidió acciones concretas para frenar lo que calificó como una “revictimización sistemática” de los familiares de víctimas de crímenes violentos.
“No puede ser que desde una prisión donde se supone que se garantiza la seguridad y el cumplimiento de la justicia, una madre tenga que seguir viviendo con miedo”, manifestó visiblemente afectada.
Según medios españoles, la investigación interna en el centro penitenciario apunta a que Quezada habría mantenido una relación inapropiada con un funcionario, quien le facilitó recursos para comunicarse desde la cárcel a cambio de favores sexuales. La comunicación con el exterior habría sido usada, presuntamente, para intimidar y acosar a la familia del menor asesinado.
El caso, que conmocionó a España en 2018, se agravó ahora con estas revelaciones que han vuelto a poner en el foco público a Quezada, quien cumple su condena en un centro penitenciario de mujeres en Ávila, tras haber sido trasladada de otras prisiones por motivos de seguridad.
Organizaciones de víctimas y defensores de derechos han respaldado el reclamo de la madre de Gabriel, exigiendo al Ministerio del Interior y a Instituciones Penitenciarias que refuercen los protocolos de control y comunicación de reclusos condenados por delitos especialmente graves.
“Lo único que pedimos es justicia verdadera y protección. Ya sufrimos la pérdida de un hijo, no es justo tener que seguir luchando cada día contra el miedo”, expresó Patricia Ramírez al borde de las lágrimas.
Desde el entorno judicial y penitenciario no se han ofrecido declaraciones oficiales, pero se confirmó que la investigación sobre el funcionario implicado sigue abierta y que se tomarán medidas si se comprueba que facilitó medios ilícitos a la interna.
Este nuevo giro en el caso ha reabierto un debate en España sobre el cumplimiento efectivo de las condenas de prisión permanente revisable, las condiciones de reclusión en casos de alta peligrosidad y el respeto a los derechos de las víctimas frente al sistema penitenciario.
