Nuevamente se habla de la aprobación del Código Penal, una pieza que deambula desde hace tiempo sin que los legisladores dominicanos tengan la decencia de incluir las tres causales en el mismo, a sabiendas de que los derechos reproductivos de la mujer son fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier sociedad.
En los últimos años, el debate sobre la legalización del aborto ha adquirido relevancia en muchos países, especialmente en aquellos donde aún persisten restricciones legales que afectan los derechos reproductivos de las mujeres, como es la República Dominicana.
El artículo 109 del Código Penal dominicano, establece que “quien, mediante alimentos, brebajes, medicamentos, tratamientos o cualquier otro medio, cause la interrupción del embarazo o coopere con ese propósito, será sancionado con prisión de dos a tres años, aun cuando la mujer consienta”, lo que claramente restringe la autonomía de la mujer para tomar decisiones sobre su cuerpo, incluido el derecho a elegir si tener o no hijos, el acceso a la anticoncepción, y al aborto legal y seguro, libre de coerción y/o discriminación.
Es terrible que en este siglo persistan aún leyes que restrinjan y limiten el acceso seguro y digno relacionados a la salud sexual y reproductiva de la mujer. Es aún peor que un grupo de hombres y mujeres, supuestos a representar los mejores intereses del pueblo, no tengan la entereza de pensar en alguien más que en sí mismos.
Les guste o no a algunos, la realidad es que las tres causales son fundamentales para garantizar la salud, la seguridad y los derechos humanos de las mujeres, y su reconocimiento es crucial para la construcción de sociedades inclusivas, más justas e igualitarias. Las mismas se refieren a las situaciones específicas en las que se autoriza el aborto legal cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando existen malformaciones fetales incompatibles con la vida, y cuando el embarazo producto de una violación sexual.
Parecería innecesario tener que explicarle a alguien lo que implica la necesidad de un aborto cuando la vida de la madre está en riesgo, pero como existen personas incapaces de analizar ciertos temas por si mismos, les digo que esta causal contempla situaciones en las que el embarazo pone en peligro la vida de la mujer, ya sea por complicaciones médicas derivadas del mismo embarazo, o por condiciones preexistentes de salud. En estos casos, la interrupción del embarazo no solo es una cuestión de salud, sino también de preservación de la vida de la mujer.
Cuando hay malformaciones fetales incompatibles con la vida, se refiere a los casos en los que el feto presenta malformaciones graves, que de acuerdo con el diagnostico médico, hacen que la vida extrauterina sea inviable. El reconocimiento de esta causal permite a las mujeres y sus familias tomar decisiones informadas, conscientes y respetuosas relacionadas con salud emocional y física, lo que evitan sufrimientos y traumas innecesarios para con la mujer.
La tercera causal describe aquellos embarazos que son el resultado de una agresión sexual, y en estos casos, la mujer no solo enfrenta la angustia de la violencia sexual, sino que también se ve obligada a cargar con las consecuencias físicas y emocionales de un embarazo no deseado.
Lo moralmente correcto es que cualquier Estado garantice que sus ciudadanas puedan acceder a la interrupción de un embarazo no deseado, sobre todo cuando existen circunstancias como las antes mencionadas, sin tener que enfrentar barreras legales ni sociales adicionales.
El reconocimiento y la implementación de las tres causales no solo busca proteger la salud y los derechos de las mujeres, sino que también son un paso hacia la equidad de genero y el respeto a la autonomía reproductiva. Negar el acceso a estas opciones puede traer consecuencias devastadoras, como embarazos forzados, complicaciones graves de salud, y el aumento en la desigualdad de género.
Ningún país del mundo puede avanzar sin el reconocimiento, y otorgamiento, de los derechos reproductivos de la mujer.
En este contexto, es crucial que los gobiernos, las instituciones y la sociedad en general, trabajen hacia un marco legal que reconozca la importancia de los derechos reproductivos de la mujer, proporcionando un entorno de apoyo, acceso a la información, y respeto a las decisiones reproductivas de las mujeres.
Por lo tanto, instamos al gobierno dominicano, especialmente a nuestros legisladores, a trabajar para promulgar un Código Penal que nos represente a todos, y a la vez hacer un mayor esfuerzo para promover la educación sexual, y los derechos reproductivos, así como fortalecer los sistemas de salud que garanticen un acceso seguro y digno a los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva de la mujer dominicana.
