Hugo Beras Ramírez, José Ángel Gómez Canaán y Pedro Padovani fueron enviados ayer a la cárcel de Najayo.
A nuestro sistema de justicia le tomó una semana conocer la solicitud de medida de coerción. Si se repite la cultura de los juicios anteriores por corrupción administrativa, podemos esperar años de reenvíos, posposiciones e incidentes planteados por las costosas defensas a las que estos reos tienen acceso.
Coincidentemente, los mismos abogados están involucrados en varios casos, lo que sugiere que han sido contratados por la calidad de los servicios que ofrecen.
En una población que no conoce, ni tiene por qué conocer el sistema, es probable que en unos meses estén fuera de prisión. Esto es un derecho que les asiste, ya que, aunque se les haya impuesto la medida de coerción más severa, tienen derecho a ser procesados en libertad, tal como establece la norma procesal penal.
Es importante recordar que el caso emblemático de aplicación de esta norma fue el caso Baninter, donde los responsables pagaron, aunque con penas mínimas de cárcel.
La diferencia en este caso no radica en la norma, sino en los protagonistas. El señor Gómez Canaán, sin duda, es la persona que posee más información sobre la población dominicana, comparable solo con los organismos de seguridad nacional.
Solo el contrato para la expedición de licencias con su firma, Dekolor, le otorga acceso a los datos biométricos de todos los ciudadanos que tienen licencia de conducir. Además, los datos de la licencia están vinculados a los de la cédula de identidad y electoral. Por otra parte, uno de los contratos de Gómez con el INTRANT le daba acceso a información confidencial, aunque no se especificó su finalidad.
Estos privados de libertad no serán iguales que los demás, como suele suceder con los presos de privilegio. Es probable que muchas personas se sientan atemorizadas por lo que el influyente Gómez pueda hacer desde la cárcel.
La persona que tiene las diez huellas digitales y una foto actualizada de todos los que tienen licencia de conducir tiene acceso a la vida y relaciones personales de mucha gente, lo que podría afectar el proceso judicial.
