Un juez peruano ha dictado tres años de prisión preventiva para el hermano de la presidenta Dina Boluarte, el abogado y empresario, Álex Boluarte, quien es investigado por presuntos actos de corrupción relacionados con un caso de favorecimiento. ilícito a contratistas del gobierno. La decisión se tomó tras una audiencia en la que se presentaron pruebas de su implicación en el escándalo, que ha sacudido a la administración actual.
La orden de prisión preventiva fue emitida por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, quien parecía que existía el riesgo de fuga de Boluarte, además de la necesidad de asegurar su presencia durante la investigación judicial. El caso involucra denuncias de que el hermano de la presidenta habría intermediario en la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas a él.
Durante la audiencia, el fiscal encargado del caso presentó una serie de evidencias que, según él, demostraban el comportamiento ilícito de Álex Boluarte en su participación en el proceso de contratación pública, lo que generó un conflicto de intereses con la administración pública. Por su parte, la defensa de Boluarte argumentó que las acusaciones carecían de fundamento y que las pruebas no demostraban.
El caso ha provocado gran revuelo político en Perú, especialmente porque Álex Boluarte está relacionado directamente con la primera mandataria, lo que ha avivado las tensiones entre la oposición y el gobierno. La presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras la destitución de su predecesor, Pedro Castillo, ha enfrentado numerosos cuestionamientos sobre la transparencia y la ética de su gobierno, que se ha visto sacudido por varias investigaciones por corrupción.
La orden de prisión preventiva es un golpe significativo para la familia Boluarte, que había mantenido un perfil bajo desde el inicio del mandato de Dina Boluarte. Si bien la presidenta no ha emitido comentarios públicos directos sobre el caso de su hermano, varios sectores políticos y sociales esperan que el gobierno actúe con firmeza para asegurar que se respete el proceso judicial.
