La Asociación Dominicana de Jueces de Paz encabeza un plan de lucha en el Poder Judicial, que inició internamente y ahora se traslada a los escenarios públicos exigiendo un pliego de demandas que incluyen un justo aumento de salarios.
La rebelión, poco usual entre los magistrados, ha sido motivada, además, por una serie de acontecimientos que a unos los desanima y a otros los ha dejado sin otra salida que levantarse en pie de lucha.
Las primeras designaciones de tres asesores del presidente Luis Henry Molina, con salarios superiores a los 350 mil pesos, durante el segundo trimestre de este año, y la reciente aprobación de un jugoso reajuste para cargos específicos del área administrativa que superan los ingresos hasta de los propios consejeros, fueron las decisiones que más indignación causaron entre los jueces del sistema, cansados de luchar por la aplicación del reglamento salarial.
De acuerdo al presidente de la Asociación de Jueces de Paz, Dante Ozuna Mercedes, lo más indignante es que, mientras esos aumentos astronómicos de salario se producen, ellos, como órgano que agrupa a un buen grueso de los magistrados, han solicitado a la presidencia varias reuniones a las que Luis Henry Molina ha respondido con el silencio, ignorando con ello las inquietudes y reclamos de los actores esenciales del sistema.
Es ante esta situación, y sin otra salida, que llaman a todos los jueces a no asistir el próximo día 7 de enero al acto solemne del Día del Poder Judicial, como el inicio de un plan de lucha ya planificado en demanda de mejores condiciones laborales y que se les respete un poco más como actores fundamentales de este poder del Estado.
Está claro que Luis Henry Molina ha preferido, ya en el ocaso de su gestión, dirigir el Poder Judicial de espaldas a quienes son los responsables de administrar justicia y quienes, día a día, con sus decisiones ponen en peligro sus vidas, condenando a sicarios, narcotraficantes, asesinos en serie, jefes de peligrosos carteles y corruptos estatales, entre otros peligrosos imputados.
Resulta injusto, pues, que los ingresos de esos jueces oscilen entre los 125 mil, para uno de Paz, y 225 mil como el máximo para los de Corte; mientras, el cargo de una secretaria del presidente tiene ingresos asignados por 275 mil pesos mensuales.
Esta situación es parte de la causa de la rebelión que asumen los magistrados en busca de ser escuchados por Molina, convertido hoy en luz de la calle y sombra de su casa.
Sin descuidar sus funciones, como administradores judiciales, apoyamos todos los reclamos de esos hombres y mujeres que, por su arduo trabajo, merecen mejores condiciones salariales que la de unos asesores o una simple secretaria.
