El servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha firmado un contrato de 29,8 millones de dólares con la empresa informática Palantir para desarrollar un programa informático que rastree la información de los inmigrantes sin permiso de estancia o con este caducado con el fin de facilitar las deportaciones, según adelantó 404 Media. Organizaciones como Amnistía Internacional y juristas especializados consideran la medida como una vulneración de los derechos humanos. “Una aberración”, afirma Ricard Martínez, director de la cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Palantir, fundada por el magnate Peter Thiel, socio de Elon Musk, no ha respondido a los requerimientos de información de EL PAÍS, pese a que su propia política de derechos humanos contradice el desarrollo contratado.
La plataforma de seguimiento, denominada Immigration Lifecycle Operating System o ImmigrationOS, está pensada, de acuerdo con el ICE, para “ahorrar tiempo y recursos” a la hora de seleccionar y detener a los inmigrantes a los que se les atribuyan “delitos violentos”, “afiliación con organizaciones criminales” o cuyo permiso de residencia haya expirado. También hará un “seguimiento en tiempo real” de las personas que hayan decidido abandonar el país. Según el contrato, difundido por varios medios, ImmigrationOS agilizará “el ciclo de vida de la inmigración de principio a fin, desde la identificación hasta la expulsión”.
El prototipo del programa encargado a Palantir se espera que sea entregado el próximo 25 de septiembre, tendrá una vigencia de dos años y responde a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de EE UU, Donald Trump, que considera a la inmigración irregular como una amenaza significativa para la seguridad nacional.
Palantir ha colaborado con las Fuerzas Armadas, con los servicios de recaudación de impuestos, el FBI y, recientemente, con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) encargado inicialmente a Elon Musk.
La compañía es proveedora de programas para el ICE desde 2011 y, según Business Insider, ImmigrationOS es una modificación de un contrato suscrito por la Administración del anterior mandatario, Joe Biden, en 2022 y que destinaba 95,9 millones para ayudar al departamento Homeland Security Investigations (HSI) a “investigar y prevenir la delincuencia transnacional y las amenazas de alto nivel que explotan el comercio internacional, los viajes y la infraestructura financiera”.
El programa en el que trabaja Palantir recopila información biográfica y biométrica de las bases de datos gubernamentales para identificar a inmigrantes, incluidos aquellos que, aunque hayan ingresado legalmente, tengan un permiso caducado, con el fin de facilitar la deportación.
El programa permite agrupar a las personas en función de decenas de categorías diferentes, desde su procedencia, entrada al país o la situación de su permiso de residencia, de acuerdo con la información adelantada por 404 Media. También los puede identificar a partir de datos como el color de pelo o de ojos, matrículas y geolocalización del vehículo o la presencia de cicatrices y tatuajes, uno de los elementos para prejuzgar la supuesta pertenencia a una banda.
Ricard Martínez es tajante a la hora de calificar el programa como “aberrante”, “barbaridad”, “antiético” y “una vulneración de los derechos humanos”.
Comparte su opinión Likhita Banerji, jefa del Laboratorio de Responsabilidad Algorítmica y directora adjunta del programa Amnesty Tech (Amnistía Internacional): “La nueva profundización de los lazos de Palantir con el ICE a través de nuevos contratos es alarmante para los derechos humanos de decenas de inmigrantes y personas que buscan seguridad en Estados Unidos”.
Martínez explica que los nuevos desarrollos tienen sus antecedentes en medidas ya implantadas, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre, y que comenzaron con la exigencia de datos a compañías aéreas y multinacionales fuera del territorio estadounidense. “Pero lo que está ocurriendo ahora escala significativamente el grado de vulneración de los derechos humanos porque establece una metodología de control social total para maximizar la eficiencia de las agencias de inmigración en la deportación de inmigrantes y persuadir al extranjero para que se vaya. Es sencillamente aberrante porque supone despojar de toda dignidad y de todo derecho a seres humanos”, añade.
Es sencillamente aberrante porque supone despojar de toda dignidad y de todo derecho a seres humanosRicard Martínez, director de la cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia
El catedrático argumenta que, aunque todos los países limitan ciertos derechos a los extranjeros, estas restricciones son de carácter político, vinculadas a la condición de ciudadanía o, en casos excepcionales, porque existe un riesgo para la seguridad nacional. “Pero con independencia de su forma de entrada, tienen la plena titularidad de sus derechos fundamentales. Tienen, por supuesto, el derecho a la intimidad, a la propia imagen, a la educación, a no ser privados arbitrariamente de su libertad y a un proceso justo, entre otros”, detalla.
Para este profesor, el sistema de la Administración de Trump pretende “monitorizar por completo la vida de un ser humano, incluyendo la trazabilidad biométrica y la geolocalización”. “Lo que se pretende es tener un control absoluto de una determinada categoría de personas y cercena por completo su libertad”, añade.
En este sentido, Martínez explica que esa tecnología de seguimiento impide, por ejemplo, que un inmigrante vaya al médico o compre con tarjetas o use wifi que facilite la geolocalización o deambular donde haya una videocámara con reconocimiento facial. “Convierte a la persona, por su propia supervivencia, en un sujeto carente de todo derecho y eso le afecta también a la familia: no podrá llevar a los hijos al colegio o al médico. Es sencillamente intolerable porque comporta privar de todos sus derechos a las personas. El efecto destructivo y disuasorio de esta tecnología va a convertir a los inmigrantes en poco menos que infrahumanos”, abunda.
Estas tecnologías pueden potenciar de forma sistémica el racismo, la discriminación y la opresión, y se utilizan continuamente para impulsar agendas racistas y xenófobasLikhita Banerji, jefa del Laboratorio de Responsabilidad Algorítmica y directora adjunta del programa Amnesty Tech (Amnistía Internacional)
Martínez no solo responsabiliza a la Administración de Trump, sino también a las compañías tecnológicas por haber creado y facilitado el ecosistema que lo permite obviando su función social.
La jefa del Laboratorio de Responsabilidad Algorítmica de Amnesty Tech también comparte esta opinión: “Las tecnologías privadas se han convertido en una herramienta ubicua y arriesgada para dar forma y aplicar las políticas de gestión migratoria y asilo de numerosos Estados de todo el mundo. Estas tecnologías pueden potenciar de forma sistémica el racismo, la discriminación y la opresión, y se utilizan continuamente para impulsar agendas racistas y xenófobas. Las tecnologías utilizadas en la gestión del asilo y la migración también pueden ser problemáticas en sí mismas, ya que sus sistemas son vulnerables a sesgos y errores o conducen a la recopilación, el almacenamiento y el uso de información que amenaza el derecho a la privacidad, la no discriminación y otros derechos humanos”.
