El PSOE, PNV y Junts han pactado este miércoles hacer permanente el impuesto a la banca y han acordado una serie de subidas fiscales que afectan al tabaco, a los hidrocarburos y a las rentas del capital en el IRPF. Por su parte, han rechazado extender el impuesto extraordinario que afectaba a las grandes energéticas, según avanzan fuentes conocedoras de las duras negociaciones que se han sucedido en los últimos días. Todos los cambios se han introducido como enmiendas, al límite de que termina el plazo, en la trasposición de la directiva europea que establece un impuesto mínimo a las multinacionales, por lo que allanan el camino para su aprobación. Sin embargo, recalcan fuentes de Sumar, no …
hay nada asegurado. Y es que el socio minoritario del Gobierno ha presentado sus propias enmiendas defendiendo la permanencia de los dos gravámenes sectoriales.
Tras ampliarlo en hasta siete ocasiones, este miércoles por la tarde ha terminado definitivamente el plazo para incluir enmiendas en el proyecto de ley que traspone la directiva comunitaria. Esta fue la vía elegida por el Gobierno para convertir en permanentes los impuestos extraordinarios a banca y energéticas y para llevar a cabo otra serie de cambios de índole fiscal, lo que ha redundado en una difícil negociación a varias bandas entre el Ejecutivo y sus socios. Como la normativa europea tiene que aprobarse antes de que termine el año y los plazos son ajustados, no ha quedado más remedio que finiquitar el proceso con los acuerdos alcanzados hasta la fecha.
Durante varias semanas, las conversaciones del Ejecutivo con sus socios a la izquierda y la derecha se han ido recrudeciendo y han encontrado la mayor oposición a los impuestos sectoriales en el PNV y Junts. Estos partidos, espoleados por las grandes empresas, rechazaban la conversión en permanentes de los dos gravámenes extraordinarios. Como sus votos eran cruciales para sacarlos adelante, los nacionalistas vascos y catalanes han convencido al PSOE para suavizar el bancario, por un lado, y anular el energético, por el otro.
Estos impuestos se diseñaron con carácter temporal para actuar sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, engordados por la crisis inflacionista y energética. Estuvieron en vigor en los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, con una recaudación conjunta de aproximadamente 2.800 millones por año. La idea del Gobierno, una vez terminada la crisis, era adaptar el gravamen bancario a los ciclos de crédito y las subidas y bajadas de tipos, lo que parece que ha recibido luz verde por parte de los socios. En el energético, Hacienda quería incluir fuertes deducciones por las inversiones estratégicas, algo que, a su vez, rechazaban con rotundidad desde Sumar. Sin embargo, la fuerte presión del PNV y Junts —y de grandes empresas como Repsol— ha logrado decantar la balanza y diluir el tributo.
En paralelo, el Gobierno y los socios han pactado otros cambios fiscales. Por un lado, han acordado empezar a gravar la nicotina de los vapeadores, que hasta ahora no tributaban por el impuesto sobre las labores del tabaco. Además de esto, habrá otra subida fiscal al resto del tabaco. En las enmiendas también se han corregido los cambios fiscales que introdujo el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que fueron tumbados por el Tribunal Constitucional el pasado enero por no haberse aprobado por la vía correcta.
Además, el Ejecutivo y los socios han acordado un aumento para las rentas del capital en el IRPF, a fin de aproximarlas poco a poco a la tributación de la base general, donde van los rendimientos del trabajo. Y también han cerrado equiparar la tributación del diésel a la gasolina, dejando fuera el gasóleo profesional.
El impuesto sobre la banca que han acordado el PSOE, PNV y Junts actuará sobre el margen de intereses y comisiones obtenidos por las entidades de crédito y por las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, en las actividades que desarrollen en España. El tipo impositivo tendrá un carácter progresivo, desde el mínimo del 1% hasta el máximo del 6%, en función de la base liquidable. A su vez, permitirá la deducción del 25% de la cuota del impuesto de sociedades y contará con una deducción extraordinaria en el caso de que sufran un descenso sostenido de su rentabilidad. Tendrá efecto, según el texto de la enmienda, durante tres años, a partir del 1 de enero de 2024. El impuesto, recuerda el PNV, será incluido en el concierto vasco.
En la enmienda de Sumar, sin embargo, el socio minoritario de la coalición defiende mantener como gravámenes los dos tributos sectoriales. El objetivo, además de asegurar que las grandes empresas paguen más, es blindar las figuras para que las haciendas forales no puedan bonificarlas.
En la decisión final de los impuestos extraordinarios ha tenido un papel preponderante la guerra abierta que han librado en las últimas semanas empresas como Repsol. Tras varias quejas por parte de la petrolera, la protesta se volvió general la semana pasada y azuzó la oposición del PNV y Junts, claves en la aritmética parlamentaria. El sector financiero y energético, a través de sus principales asociaciones representativas, dieron un paso adelante y advirtieron sobre las consecuencias de convertir en permanentes los gravámenes. Las patronales bancarias, la AEB y la CECA, lanzaron un comunicado conjunto en el que expresaron su “más enérgico rechazo” a la medida y advirtieron de las consecuencias negativas que, según sus cálculos, tendría para la economía española. En la misma línea se posicionaron Ana Botín (Banco Santander) o Gloria Ortiz (Bankinter) para añadir más presión.
Casi a la vez que la patronal bancaria, hizo lo propio la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, que coincidió en apuntar hacia consecuencias milmillonarias en inversión y capacidad de financiación, con un impacto de hasta los 66.000 millones.
