La presente etapa de consolidación institucional que vive la República Dominicana .no puede darse el lujo de que el Poder Judicial resulte zarandeado por huelgas de fiscales y jueces, reclamando aplicación de la ley, acatamiento de acuerdos, promesas incumplidas y reivindicaciones sociales postergadas, entre las cuales requieren sueldos dignos a la altura del desarrollo del país.
En un hecho sin precedentes, los ministeriales públicos agrupados en la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), entidad gremial con cobertura nacional, ya paralizaron sus labores discrecionalmente la pasada semana y prometen nuevas jornadas, hasta tanto reciban respuesta favorable de las autoridades del Ministerio Público, que dirige la doctora Miriam Germán.
Emulando a los fiscales, 346 jueces han pegado el grito al cielo porque, según afirman, la burocracia administrativa disfruta mejores salarios que ellos y reclaman al Consejo del Poder Judicial la ejecución del Manual de Compensaciones y Beneficios aprobado el año pasado.
Los jueces rubricaron una misiva dirigida al Consejo del Poder Judicial, que preside el magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la que exigen dar cumplimiento al Manual de Compensaciones y Beneficios aprobado hace más de dos años, el cual contiene una escala salarial que era aplicable desde marzo 2022. El sistema de justicia cuenta con 408 magistradas. Los reclamantes mencionan a modo de ejemplos a cuatro funcionarios administrativos de la nómina del Poder Judicial, favorecidos con salarios exorbitantes y claramente superiores a los emolumentos de los jueces.
En la comunicación enviada al juez Molina, los reclamantes se refieren a la distorsión salarial en los términos siguientes: “Hay jueces de igual jerarquía, trabajo idéntico, condiciones de capacidad, desempeño y antigüedad iguales, pero ganando salarios distintos, en una grosera violación de la norma” por parte del CPJ, que toma en cuenta los artículos 3 y 4 de la ley para beneficiar a la burocracia judicial.
Creo que los fiscales y jueces han puesto sobre el escenario nacional un drama cuyo impostergable final conduce a la incertidumbre, porque a pesar de la laboriosidad y solvencia moral de Henry Molina y Miriam Germán, parece que la consecución de los recursos económicos para solventar esta crisis no se encuentra en sus arcas, sino en el presupuesto del Poder Ejecutivo, lo cual abre un vínculo de dependencia financiera que agrieta la proclamada independencia del poder judicial.
Jueces, responsables de impartir justicia, y fiscales que investigan y someten, merecen mejor suerte, pues constituyen las columnas de la Judicatura dominicana. Las precariedades salariales que enfrentan son un peligro público para toda la sociedad. Eviten esas vergonzosas huelgas.
