Familiares de cuatro víctimas del trágico caso del colapso del centro de diversión Jet Set, ocurrido hace 45 días y en el que murieron 233 personas, solicitaron hoy a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, que se ponga en marcha la acción pública contra el propietario de la discoteca, Antonio Espaillat, y los administradores del establecimiento. Según los querellantes, a pesar del tiempo transcurrido, el dueño de la discoteca aún no ha sido interrogado por las autoridades.
El abogado Plutaco Jáquez, quien representa a Crhimely Encarnación y a otras tres víctimas que se han constituido como querellantes, presentó formalmente la solicitud en la secretaría de la Procuraduría General de la República (PGR). En su instancia, Jáquez criticó la lentitud con la que el Ministerio Público ha manejado el proceso, señalando que mientras el dolor de las familias afectadas por la tragedia sigue agravándose, las investigaciones parecen estancadas. Consideró que el propietario de la discoteca podría estar siendo protegido por las autoridades.
Exigen interrogatorio al propietario del Jet Set
“El Ministerio Público está quedando mal con este caso. A 45 días del desastre, el dueño de la discoteca aún no ha sido interrogado. Si hay miedo o si han recibido presión de su parte, que renuncien, porque el Ministerio Público no puede tener miedo”, afirmó Jáquez.
El representante legal subrayó la necesidad de que el caso sea tratado con la seriedad que merece, y que los responsables del desastre, incluyendo al propietario del centro nocturno y sus administradores, sean llamados a rendir cuentas. Además, reiteró que la justicia no debe quedar comprometida por presiones externas.
La tragedia y el reclamo de justicia
El colapso del techo de la discoteca Jet Set, en un hecho que ha conmocionado al país, dejó un saldo de 233 muertos, la mayoría de los cuales eran jóvenes que se encontraban en el establecimiento en el momento de la tragedia. Este suceso ha generado un fuerte reclamo de justicia por parte de las víctimas y sus familias, quienes exigen que los responsables sean procesados conforme a la ley.
Las investigaciones continúan, y la sociedad sigue esperando que el Ministerio Público actúe con la celeridad y transparencia necesarias para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
