En pleno siglo XXI, mientras se discuten políticas sobre innovación educativa y tecnología en las aulas, decenas de estudiantes, docentes y personal administrativo del Centro Educativo Vicente Cruz Victoriano, conocido por la comunidad como la escuela El Gramazo, enfrentan una realidad que pone en riesgo sus vidas todos los días: cruzar un río caudaloso en la provincia de Azua para poder asistir a clases.
Ubicada en una zona rural de difícil acceso, la escuela sirve como único centro educativo en la comunidad, lo que la convierte en un pilar fundamental para el desarrollo de los niños y jóvenes de la zona. Sin embargo, la falta de un puente o infraestructura segura obliga a los estudiantes a atravesar a pie la peligrosa corriente del río, que se vuelve especialmente violenta durante la temporada de lluvias, incrementando el riesgo de accidentes o incluso tragedias.
Padres de familia y líderes comunitarios han expresado su preocupación por la situación, denunciando que pese a las múltiples solicitudes enviadas a las autoridades del Ministerio de Educación y Obras Públicas, aún no se han tomado medidas concretas para garantizar el acceso seguro a la escuela. “No estamos pidiendo lujos, solo un puente para que nuestros hijos puedan llegar vivos a clases”, comentó uno de los residentes.
Los docentes también se ven obligados a enfrentar las mismas condiciones, lo que ha generado ausentismo ocasional, retrasos y dificultades para mantener la continuidad pedagógica. Aun así, muestran un compromiso admirable, muchos de ellos caminando largas distancias y arriesgándose a cruzar el río para cumplir con su labor educativa.
La situación de la escuela El Gramazo no es única; representa a muchas otras escuelas rurales del país donde las brechas de acceso, infraestructura y seguridad siguen siendo obstáculos diarios para estudiantes que, a pesar de todo, anhelan una educación digna y transformadora.
Organizaciones locales y defensores del derecho a la educación han comenzado a alzar la voz, pidiendo una intervención urgente del Estado. Mientras tanto, la comunidad continúa esperando respuestas, con la esperanza de que la educación de sus hijos no siga dependiendo del riesgo de cruzar un río.
