La Cámara de Senadores de Paraguay desestimó este viernes el requerimiento del mandatario renunciante Santiago Peña para obtener un lapso adicional de 72 horas destinado a estructurar su alegato en el juicio político en su contra. La determinación posibilitó la continuidad del juzgamiento, aun cuando el gobernante objetó la brevedad del período otorgado para contestar a los señalamientos.
Peña detalló que la noche del jueves, a las 22:15, le fue entregado un escrito acusatorio compuesto por 15 páginas y cerca de 300 folios adjuntos. De acuerdo con lo planteado en una misiva remitida al titular del Congreso y del Senado, Basilio Núñez, disponía de menos de 12 horas para responder, lapso que calificó de insuficiente para elaborar sus alegatos y examinar los expedientes.
"Eso no es debido proceso", manifestó Peña a través de su cuenta de X. Asimismo, afirmó que presentará su postura a la población, a pesar de que sus afirmaciones puedan generar incomodidad en diversos sectores políticos. El jefe de Estado había requerido formalmente el otorgamiento de 72 horas suplementarias.
El plenario senatorial desestimó el pedido de extensión con 39 sufragios en contra, tres a favor, dos abstenciones y una inasistencia, de conformidad con lo informado por el periódico paraguayo ABC Color. Luego del escrutinio, el cuerpo legislativo determinó que Peña se apersonara a presentar sus argumentos defensivos y que el juzgamiento prosiguiera su cauce.
La causa institucional se impulsó luego de que la Cámara de Diputados ratificara el pliego acusatorio en contra de Peña. La dimisión al cargo, elevada el jueves, permanecía en suspenso debido a que una asamblea conjunta de las cámaras legislativas no logró sesionar por falta de cuórum. Ante dicho panorama, la Cámara Alta optó por dar seguimiento al juicio político.
El conflicto de carácter político se originó a partir de la intervención financiera de Ueno Bank motivada por dificultades de solvencia. La institución bancaria notificó que contaba con cerca de tres millones de usuarios, quienes se vieron imposibilitados temporalmente de acceder a sus depósitos. Las imputaciones hacia Peña abordan presuntos conflictos de interés y cuestionamientos en torno a recursos estatales custodiados en dicha entidad; el gobernante rechaza haber incurrido en conductas ilícitas.
Con información de Noticias SIN.
