Un gobierno, sin importar el país, no puede centrar su actuación exclusivamente en lo que se dice o deja de decir en las redes sociales, ni en la información que circula en ellas. Un gobierno debe centrarse en el trabajo diario, en el cumplimiento de sus planes y proyectos, tanto a corto como a largo plazo. Las decisiones deben basarse en la realidad y en los intereses del pueblo, no en la presión momentánea de los “likes” o en las opiniones infladas de las plataformas digitales.
Para una parte, aunque pequeña, de la sociedad, parece que el país está en crisis, que todo va de mal en peor. Esta narrativa a menudo se ve acompañada de acusaciones de que la corrupción en el actual gobierno supera la que existió durante los 20 años de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), encabezados por Leonel Fernández (quien muchos señalan como el «padre de la corrupción del siglo pasado») y Danilo Medina, su discípulo más cercano.
Según algunos “influencers”, «bocinas» y bots, generalmente vinculados a esos antiguos gobiernos, este es el gobierno del narcotráfico. Sin embargo, las estadísticas nacionales e internacionales refutan esta acusación. Durante el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y bajo la dirección del presidente Luis Abinader, se han incautado o decomisado más drogas que durante los 20 años de gobierno del PLD. De hecho, en poco más de cinco años, bajo la administración Abinader y con la supervisión del general Cabrera Ulloa, se han confiscado más de 45 toneladas de drogas.
Este no puede ser, entonces, un gobierno centrado en las redes sociales ni en la propaganda digital. Es un gobierno de trabajo, de acción, de logros palpables. Los resultados deben reflejarse en las obras públicas que mejoran la vida de los ciudadanos: en la construcción de carreteras, puentes, escuelas, hospitales, viviendas, en la mejora de la seguridad ciudadana y en el fortalecimiento del sistema de seguridad social, entre otras cosas.
En el caso de la oposición, incluidos los periodistas y comunicadores insertados en los medios (tradicionales y digitales), la crítica constante es parte de su rol. Para ellos, nada funciona bien, y aseguran que las cosas solo van a empeorar. Este es su papel en el debate político. No informan, desinforman; no orientan, desorientan. Apostar al fracaso y al desgaste del gobierno es una estrategia para retomar el poder. No hay que rasgarse las vestiduras por ello. Es parte del juego democrático.
Lo que no se puede permitir, bajo ningún concepto, es la extorsión ni el chantaje mediático. La lucha debe ser firme contra los «sicarios de la comunicación», aquellos que se dedican a asesinar reputaciones ajenas, a atentar contra la intimidad y el buen nombre de los ciudadanos con fines de desprestigio. Los hechos siempre deben prevalecer sobre las palabras vacías.
Los hechos, no las palabras que, al final, se las lleva el viento, son los que nos dicen que el gobierno va por buen camino. Las instituciones públicas no se están derrumbando ni colapsando. Las acusaciones de corrupción, la mayoría sin bases jurídicas sólidas, han sido en su mayoría infundadas. Si bien las denuncias siempre deben ser tomadas en serio, es necesario que se presenten pruebas claras y documentación que respalden la veracidad de esas acusaciones. Como en cualquier sociedad democrática, el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar cualquier acto de corrupción, sin importar de dónde provenga.
No quiero decir que en este gobierno no exista corrupción; claro que la hay, como en cualquier administración. La corrupción es un mal endémico en nuestro país, que comenzó con los invasores españoles en 1492 y sigue siendo un desafío para las instituciones nacionales. Ahora bien, los voceros del PLD, la Fuerza del Pueblo (FP) y sus aliados en las redes sociales han exagerado la magnitud de la corrupción bajo el actual gobierno con el objetivo de equilibrar la narrativa. Pretenden hacernos creer que todos los gobiernos son iguales y que la corrupción sigue tan viva como cuando ellos gobernaban.
Lo que debemos comprender es que la lucha contra la corrupción debe ser constante y debe ser independiente de las luchas políticas. Ningún gobierno puede permitirse perder la batalla contra este flagelo, pero tampoco puede permitir que se use la corrupción como un arma política para desestabilizar el país. La clave está en la transparencia, en fortalecer las instituciones y, sobre todo, en entregar resultados tangibles que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.
