La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó ayer 18 meses de prisión preventiva para tres de los imputados en el caso de supuesta corrupción en el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).
La medida de coerción, que deberán cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal, se impuso al exdirector del Intrant, Hugo Beras; a José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y a Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
En cuanto a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza dispuso arresto domiciliario y presentación periódica. Otros imputados, como Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, recibirán una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica como medidas cautelares.
La revisión obligatoria de estas medidas se llevará a cabo el 9 de enero de 2025. La investigación del Ministerio Público, conocida como operación Camaleón, cuenta con más de 300 páginas y se centra en una supuesta red de corrupción vinculada a una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez. Los arrestos se realizaron durante varios allanamientos en residencias y empresas ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Las acusaciones incluyen terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.
Las tres empresas implicadas son Transcore Latam, Inprosol y Aurix. Se ha señalado a Aurix por haber contratado de manera ilegal con el Ministerio de Defensa, usurpando funciones de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. En relación a este caso, ya ha sido interrogado el exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificó la decisión de la jueza como «un triunfo de la verdad sobre la mentira», subrayando que responde a la gravedad de los hechos y al daño causado al Estado. Camacho afirmó que se encontraron evidencias de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia, lo que justificó la decisión judicial.
Por su parte, Laura Acosta, abogada de Hugo Beras, indicó que hay «intereses sumamente grandes» que van más allá de su defendido y su equipo legal. Aunque respetan la decisión, Acosta expresó su desacuerdo y anunció que apelarán. Consideró que Hugo Beras es un «chivo expiatorio» en esta trama y afirmó que, a pesar de la situación, no tiene por qué sentirse culpable desde el punto de vista penal.
Al salir del tribunal, Hugo Beras se mostró visiblemente afectado, con una mirada triste y perdida, rodeado por un mar de cámaras y micrófonos de los medios de comunicación presentes.
