La decisión fue adoptada tras intensas discusiones en las que se rechazaron varias de las solicitudes presentadas por el sector empresarial, las cuales buscaban flexibilizar ciertos aspectos del marco laboral vigente.
La pieza legislativa fue aprobada en segunda lectura con una amplia mayoría, pese a los esfuerzos de las principales organizaciones empresariales para incluir modificaciones orientadas a reducir costos operativos y otorgar mayor libertad contractual. Los senadores argumentaron que las propuestas patronales comprometían la estabilidad y la protección de los trabajadores, pilares fundamentales de la legislación laboral dominicana.
Entre las peticiones desestimadas figuran la reducción del pago por cesantía, la modificación de los límites de horas extras y la flexibilización de los contratos temporales. Los legisladores consideraron que tales cambios debilitarían las conquistas sociales alcanzadas por la clase trabajadora y aumentarían el riesgo de precarización laboral. En su lugar, el Senado mantuvo las garantías establecidas en el Código de Trabajo actual, reforzando los mecanismos de protección ante despidos injustificados y asegurando mejores condiciones para la negociación colectiva.
Durante la sesión, varios senadores coincidieron en que la reforma debía priorizar la justicia social y la equidad por encima de intereses particulares. El senador por el Distrito Nacional afirmó que “el desarrollo económico no puede construirse a costa de los derechos de quienes sostienen con su esfuerzo diario la productividad nacional”. De igual forma, otros legisladores resaltaron que la modernización del sistema laboral debe enfocarse en promover la formalización del empleo, mejorar los salarios y ampliar la cobertura de seguridad social, sin sacrificar derechos fundamentales.
El empresariado, representado por entidades como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), lamentó la decisión del Senado, señalando que el texto aprobado podría limitar la competitividad de las empresas y frenar la generación de nuevos empleos. En un comunicado conjunto, ambas instituciones expresaron su preocupación por lo que calificaron como una oportunidad perdida para impulsar una legislación “moderna, equilibrada y adaptada a las realidades del mercado actual”.
Por su parte, las centrales sindicales y asociaciones de trabajadores celebraron la votación como una victoria histórica. Los dirigentes obreros aseguraron que la decisión del Congreso envía un mensaje claro de respeto a los derechos laborales y de compromiso con la justicia social. “El trabajo digno y la estabilidad laboral son conquistas irrenunciables”, expresó uno de los voceros sindicales, aplaudiendo el rechazo de las cláusulas que consideraban “retrocesos inaceptables”.
La reforma aprobada incluye además disposiciones orientadas a fortalecer la fiscalización de las condiciones laborales, aumentar las sanciones por incumplimiento de la ley, promover la igualdad salarial y proteger de manera más efectiva a las mujeres embarazadas y a los trabajadores del sector informal. También contempla incentivos para las empresas que adopten políticas de inclusión y formación técnica de su personal.
