El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha solicitado a la Dirección de la Policía Nacional un informe sobre las muertes de personas en conflicto con la ley penal en supuestos «intercambios de disparos» que involucran a agentes de esa institución.
Entre los detalles que exige se incluya en el informe están cuántas investigaciones ha iniciado la Dirección de Asuntos Internos por indicios del uso excesivo de la fuerza por parte de sus miembros y cuántos de estos han sido sometidos a la acción de la justicia debido a la existencia de elementos de prueba que permitan sostener que hubo excesos en su actuación.
En la misiva, el órgano constitucional pone como ejemplo el caso del adolescente fallecido en el municipio de Sábana Grande de Boyá, en la provincia de Monte Plata, así como otros ciudadanos abatidos por miembros de la institución del orden.
«Este dato es naturalmente preocupante, ya que la velocidad con la que se reproduce esta información en los medios de comunicación no permite a la ciudadanía formarse una opinión adecuada, generando dudas razonables en una sociedad democrática sobre el uso proporcional o no de la fuerza letal», puntualizó Ulloa en el requerimiento.
Según un comunicado de prensa, Ulloa explica que el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (número 590-16) incluye entre sus principios fundamentales la actuación proporcional, indicando que el uso de la fuerza solo será lícito como última opción y deberá obedecer a criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, en conformidad con la Constitución de la República, las leyes y los reglamentos.
Además, mencionó los artículos 32 y 33, que establecen que la Dirección de Asuntos Internos tiene la atribución de investigar las inconductas cometidas por los servidores de la policía y el uso excesivo de la fuerza.
