Corte rechaza recusación del Ministerio Público contra jueza en caso de corrupción de Jochi Gómez y Hugo Beras
La Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la recusación presentada por el Ministerio Público (MP) contra la jueza Patricia Padilla, quien había sido designada para controlar la investigación en el caso de presunta corrupción que involucra al empresario Jochi Gómez y al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, entre otros imputados.
El MP había acusado a la jueza de parcialidad, señalando que Padilla había autorizado tres viajes internacionales para Gómez, quien se encuentra bajo investigación por su vinculación en un esquema de transferencias financieras irregulares. También se le cuestionó por permitir la devolución de armas de fuego a Gómez y el levantamiento de la inmovilización de bienes pertenecientes a Beras y a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, otro de los encartados en el caso que involucra la modernización del sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo.
En respuesta a estas acusaciones, la jueza Padilla defendió su actuación, argumentando que las decisiones tomadas no tenían «méritos para fundamentar la recusación», ya que nunca fueron impugnadas por el MP. Explicó que los viajes fueron autorizados para permitir que los hijos menores de Gómez pudieran estar con su padre, citando la importancia de los derechos fundamentales de los menores. En cuanto a la devolución de los bienes de Beras, Padilla señaló que estos fueron adquiridos hace más de una década y que los hechos atribuidos al exfuncionario datan de 2022, por lo que no había razones para mantener la medida.
La corte, en una decisión unánime, validó la postura de la jueza y determinó que no existían pruebas suficientes de que Padilla hubiera actuado con parcialidad o hubiera favorecido a los imputados. Los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Doris Josefina Pujols Ortiz (presidenta), Ramona Rodríguez López y Rafael Báez García, fallaron en favor de la magistrada, indicando que no se apreció conducta inapropiada en su desempeño.
Este caso forma parte de las investigaciones sobre el escándalo de corrupción relacionado con el contrato de modernización del sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo, en el que siete personas están involucradas, incluidas las figuras de Jochi Gómez, Hugo Beras y Juan Francisco Álvarez Carbuccia. Estos imputados enfrentan diversas medidas de coerción, aunque ninguna de ellas incluye prisión preventiva.
