Dos exjueces de Ecuador fueron condenados a prisión por delincuencia organizada tras admitir que recibieron dinero a cambio de favorecer y liberar mediante sus dictámenes a integrantes de bandas criminales, dentro del caso Plaga, una de las tramas de corrupción judicial que revelaron la infiltración del crimen organizado en el aparato judicial y en otras instituciones estatales ecuatorianas.
Estas condenas se dieron en procedimiento abreviado, que permite a los acusados recibir una pena reducida al admitir su culpabilidad en los hechos por los que se les acusa.
Jorge Eduardo A. Z., exjuez de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas, recibió una pena de tres años y nueve meses de cárcel tras admitir que recibió dinero para liberar a tres sicarios al mando de Fabricio Colón Pico, cabecilla de la banda criminal Los Lobos condenado por secuestro y por amenazas a la fiscal general, Diana Salazar.
El fallo incluye el pago de una multa de 5,520 dólares y, como reparación integral, 71,040 dólares.
Franklin Edmundo T. P., exjuez en el cantón (municipio) de Pasaje, de la costera provincia sureña de El Oro, fue condenado a tres años de prisión tras confesar que ordenó liberar de manera irregular a una serie de reclusos, por lo que también deberá pagar una multa de 5,520 dólares y una indemnización de 41,040 dólares.
A su vez, el expolicía Marco Patricio C. C. recibió una condena de tres años y nueve meses de cárcel después de reconocer que se benefició de una medida gestionada por el abogado Cristian R. M., que se encuentra prófugo, lo que le permitió reincorporarse a la Policía Nacional.
En su caso, el fallo incluye el pago de una multa de 5,520 dólares y una reparación integral de 11,040 dólares.
En total, el caso Plaga suma hasta el momento doce personas condenadas por procedimiento abreviado. La red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad, a través de argucias y abuso del derecho, aparentando legalidad en estas acciones, según sostiene la Fiscalía.
