El asesinato a balazos de Ximena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, asesor cercano a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, conmocionó a la capital mexicana este martes, en medio de una creciente ola de violencia que azota al país. El ataque, ocurrido a plena luz del día, ha sido considerado uno de los más audaces y escalofriantes contra funcionarios de alto perfil en los últimos años.
Según las autoridades locales, Guzmán, de 42 años, y Muñoz, de 40, fueron acribillados poco después de las 7:00 a.m. (hora local) en la avenida Tlalpan, una de las arterias más transitadas de la ciudad, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, al sur de la capital. El ataque ocurrió cuando ambos funcionarios viajaban a bordo de un vehículo particular. Testigos aseguran haber escuchado varias detonaciones antes de ver cómo los agresores huyeron a bordo de una motocicleta.
Aunque las autoridades aún no han identificado a los responsables ni han dado detalles sobre el móvil del crimen, las investigaciones preliminares apuntan a que podría tratarse de un ajuste de cuentas, aunque también se barajan otros escenarios relacionados con la creciente violencia que afecta a la Ciudad de México y otras regiones del país.
Este ataque se produce en un contexto de inseguridad creciente en la capital mexicana, con un aumento de homicidios, asaltos y otros delitos violentos en varias zonas de la ciudad. En los últimos meses, se ha registrado un repunte en los crímenes vinculados a bandas delictivas, quienes operan con impunidad en varias partes de la ciudad.
La jefa de Gobierno Clara Brugada expresó su consternación por el asesinato de sus colaboradores y prometió que las autoridades capitalinas trabajarán incansablemente para esclarecer el caso y hacer justicia. «Este crimen no quedará impune. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia», declaró en una rueda de prensa.
El ataque ha sido ampliamente condenado por diversos sectores políticos y sociales, quienes lo consideran una muestra más de la incapacidad del gobierno para frenar la violencia que aqueja a la capital y otras partes del país. Líderes de la oposición y organizaciones de derechos humanos exigieron una respuesta inmediata del gobierno federal y de las autoridades locales para combatir la impunidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya ha iniciado una investigación formal sobre el caso, mientras que las autoridades han desplegado un operativo de seguridad en la zona en busca de pistas que permitan dar con los responsables. No obstante, la falta de datos sobre los agresores y la modalidad del ataque han generado inquietud sobre la capacidad del gobierno local para abordar la creciente violencia en la ciudad.
Este asesinato se suma a una larga lista de atentados contra funcionarios públicos y líderes políticos que han marcado la pauta de una crisis de seguridad que sigue afectando a la capital mexicana.
