Desde las primeras horas de la mañana de ayer, se observó una notable disminución en la presencia de parturientas haitianas en dos de los principales hospitales de maternidad de la capital: el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina y la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia. Estos centros de salud suelen registrar una alta demanda de atención por parte de extranjeras embarazadas y en trabajo de parto, especialmente de mujeres haitianas.
Esta reducción en la llegada de pacientes se atribuye a las deportaciones que están ocurriendo en el país desde principios de la semana, coincidiendo con la implementación del nuevo protocolo de control migratorio hospitalario.
A las 9:30 de la mañana, no se observó la llegada de parturientas en el área de maternidad de La Altagracia, hospital ubicado cerca del Palacio de la Policía Nacional, en Santo Domingo. Según una doctora que salía de cumplir su turno, la presencia de haitianas en el centro de salud ha disminuido considerablemente, especialmente después de que el presidente Luis Abinader anunciara que los pacientes indocumentados serían deportados una vez recibieran la atención médica requerida.
Una de las médicas, que prefirió no ser identificada, comentó que durante su turno había atendido a una haitiana que, aunque ya había dado a luz, expresó su preocupación por ser deportada. «Me dijo que temía ser deportada cuando la dieran de alta. Ella está internada porque ya dio a luz, pero desde que salga sabe que será llevada de regreso a su país», relató la doctora.
El proceso de atención médica
A pesar de las preocupaciones sobre las deportaciones, la doctora desmintió los rumores que circulan en redes sociales, que sugieren que las haitianas no están siendo atendidas adecuadamente o que son deportadas de inmediato. Según explicó, el personal médico no discrimina por nacionalidad ni estado migratorio. «Aquí atendemos a todo el que necesite asistencia médica. Si hay que ingresar a una persona indocumentada, se hace sin ningún problema», afirmó. Además, destacó que una vez que los pacientes son dados de alta, es el Estado quien se encarga de verificar su estatus migratorio y, si corresponde, de llevar a cabo las deportaciones.
Uno de los allegados de una parturienta, que se encontraba en la sala de emergencias del hospital, manifestó su preocupación por la posible deportación de la mujer. «Ella está angustiada porque teme que la deporten tan pronto como salga del hospital. No sé si está en proceso de regularizar su estatus migratorio», comentó, sin revelar su identidad.
Presencia de la Dirección General de Migración
En el área de consultas del hospital, un funcionario de la Dirección General de Migración señaló que desde la implementación del protocolo el pasado lunes 21 de abril, no ha observado la llegada de mujeres haitianas embarazadas para consultas. El funcionario agregó que, en su rol, se encarga de coordinar la salida de las parturientas hacia un autobús estacionado fuera del hospital, aparentemente para ser trasladadas a otros puntos de control migratorio.
Implementación del protocolo migratorio
El pasado mes, el presidente Luis Abinader anunció un nuevo protocolo para controlar la afluencia de personas en condición migratoria irregular a los hospitales públicos del país. Este protocolo, que comenzó a aplicarse el 21 de abril, exige que los pacientes extranjeros presenten ciertos documentos antes de ser atendidos. Entre los requisitos se incluyen una identificación, una carta de trabajo en el país y una prueba domiciliaria. Además, se implementará una tarifa estándar para los servicios médicos brindados a migrantes, lo que se considera un intento por regular la atención médica a extranjeros en el sistema público.
Este protocolo ha generado controversia en varios sectores de la sociedad, que temen que se vulneren los derechos humanos de los migrantes, especialmente en un contexto de creciente presión social sobre la migración haitiana hacia la República Dominicana.
Perspectivas sobre el protocolo
Mientras tanto, algunas voces dentro del sistema de salud aseguran que, a pesar de las restricciones, la prioridad de los profesionales médicos sigue siendo ofrecer la atención que cada paciente necesita. La incertidumbre sobre las deportaciones, sin embargo, mantiene la angustia entre las personas afectadas, que temen ser devueltas a su país de origen tras recibir atención médica.
