LUXEMBURGO.- La Comisión Europea y Google se enfrentaron este martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una audiencia en la que la multinacional pidió que se anule la que es la mayor multa de la historia del bloque, de más de 4.000 millones de euros, por abuso de posición dominante con Android.
La sentencia definitiva tardará todavía meses en ser emitida por la Sala Segunda de la Corte, compuesta por los cinco jueces que hoy han escuchado a todas las partes personadas en el asunto. Antes del fallo se conocerán las conclusiones no vinculantes que la abogada general del TJUE Juliane Kokott prevé publicar el 12 de junio.
La tecnológica negó durante una audiencia de siete horas que su modelo de negocio restringiese la competencia en el mercado de servicios de búsqueda, como afirma el Ejecutivo comunitario, y subrayó que, al contrario, benefició a fabricantes de dispositivos móviles a los que ofreció «más libertad y oportunidades».
Google se vio arropada por varias entidades que en teoría saldrían perjudicadas por su modelo de negocio, como los fabricantes finlandeses HMD y alemán Gigaset y el navegador de origen noruego Opera, además de por la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA, en inglés).
Por contra, los abogados de la Comisión Europea sostuvieron que los contratos entre la multinacional y dichos fabricantes contenían cláusulas abusivas que la tecnológica desplegó para afianzar su «ventaja competitiva» en un mercado en el que se empezaba a ver amenazada.
Bruselas tiene el apoyo de la asociación europea de consumidores (BEUC), las asociaciones alemanas de editores de periódicos y revistas BDVZ y VDZ, la organización Fair Search y los motores de búsqueda francés, Qwant, y checo, Seznam.
Esta batalla judicial, la primera desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, está marcada por la participación protagonista de abogados españoles: Alfonso Lamadrid (Garrigues) lideró el equipo de nueve abogados de Google y Fernando Castillo y Carlos Urraca expusieron los argumentos de la Comisión.
Acuerdos «abusivos»
El núcleo del caso reside en los llamados «acuerdos de distribución» entre la tecnológica estadounidense y fabricantes de dispositivos móviles, en virtud de los cuales los segundos debían preinstalar Google Search y Chrome para obtener una licencia de explotación de la tienda de aplicaciones Play Store.
Estas cláusulas tienen una relación estrecha con otros acuerdos «contra la fragmentación» que Google también incluía en los contratos y que condicionaban las licencias de Google Search y Play Store a que los fabricantes se abstuvieran de vender teléfonos equipados con versiones alternativas no autorizadas de Android.
