La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, recesó para este miércoles a las 2 de la tarde la continuación de la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra siete personas físicas y tres empresas vinculadas a un presunto fraude que asciende a más de 1,317 millones de pesos en el contrato de modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Durante la próxima audiencia, los imputados Carlos Peguero Vargas y José Ángel Gómez Canaán presentarán sus medios de defensa. El Ministerio Público también tendrá la oportunidad de hacer réplicas antes de que la jueza tome una decisión sobre la medida de coerción.
El Ministerio Público, representado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), y la coordinadora de Litigación, Mirna Ortiz, solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. La Operación Camaleón implica a Hugo Beras, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y al empresario Jochi Gómez como principales imputados.
Los otros cinco implicados son:
- Frank Rafael Atilano Díaz Warden: Coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant.
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda: Director de Tecnología.
- Pedro Vinicio Padovani Báez: Exencargado del Centro de Control de Tráfico.
- Juan Francisco Álvarez: Director Administrativo y Financiero del Intrant.
- Carlos José Peguero Vargas: Socio de Jochi Gómez.
Las empresas involucradas en el caso son Transcore Latam, Aurix e Inprosol.
El Ministerio Público investiga una supuesta red de corrupción que habría implicado a al menos siete personas en un proceso que comenzó con una licitación del Intrant. Las irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco. La licitación pública que originó el caso fue adjudicada a la empresa de Jochi Gómez, lo que generó las sospechas de corrupción en el manejo de fondos públicos.
La continuación de esta audiencia es crucial para determinar el rumbo de la investigación y las posibles consecuencias legales para los implicados.
