Asunción.- Los parlamentarios que ejercen la función de acusadores en el juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, señalaron este viernes la existencia de una pérdida de unos 1.200 millones de dólares «del pueblo paraguayo» a raíz de la clausura de Ueno Bank, y demandaron hallar culpable al gobernante, a quien tildaron como «el desfalcador más grande de la historia» de la nación.
Durante su exposición en la segunda jornada del proceso parlamentario, la legisladora Rocío Vallejo aseveró que Peña «creó un agujero de 1.200 millones de dólares al pueblo paraguayo» y «tres millones de perjudicados en un solo día», en referencia al mecanismo de resolución dispuesto el martes contra Ueno por parte del Banco Central.
Paraguay experimenta un escenario de inestabilidad política tras la medida adoptada por el ente emisor que, de acuerdo con la representante, «mató» a Ueno, en lugar de disponer una intervención, debido a que «no tenía remedio».
Vallejo catalogó como «tema central» del expediente el «robo del dinero público y el gravísimo daño a las arcas de los fondos previsionales», destacando que Peña «deja sin recursos a 5 cajas jubilatorias», entre las cuales figura la del Instituto de Previsión Social (IPS), entidad que administra los ahorros de la mayor parte de la fuerza laboral del país.
Ante esta situación, afirmó que en la actualidad están solicitando que «Santiago Peña se vaya a su casa», catalogando a la gestión del jefe de Estado de «negligente», «criminal» y «con un resultado desastroso para las arcas públicas».
Santiago Peña debe salir de este Congreso con la sanción política de ser el desfalcador más grande de la historia del Paraguay, y eso, en un país serio, es mal desempeño de funciones», contestó Vallejo a la representación legal del jefe de Estado, la cual calificó la acusación de nula.
Peña se mantiene formalmente en sus funciones debido a que el Congreso no emitió un pronunciamiento, por falta de cuórum, respecto a la dimisión que remitió este jueves.
Durante la jornada de este viernes, el gobernante solicitó un plazo adicional de 72 horas con el fin de preparar sus argumentos defensivos, petición que el Senado desestimó previamente.
El artículo 189 de la Carta Magna paraguaya determina que los exmandatarios elegidos por la vía democrática asumirán como senadores vitalicios, «salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables».
Quien ejerce como senador vitalicio cuenta con inmunidad parlamentaria y no puede afrontar un juicio penal sin la previa aprobación del Congreso para el despojo de dicho fuero.
El Banco Central de Paraguay (BCP) determinó que el nivel de solvencia de la entidad bancaria, la cual administraba los fondos de más de 2.9 millones de usuarios, experimentó un descenso por debajo del 50 % de la proporción mínima requerida, «como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización».
Con información de Noticias SIN.
