La Conferencia del Episcopado Dominicano llegó tarde con su pedimento al Gobierno de que no se tomen los hospitales como puntos migratorios para detener haitianos indocumentados.
El reclamo llegó cerca de un mes después que comenzaron los procedimientos, que incluyeron la detención de embarazadas que fueron enviadas de vuelta a Haití recién paridas. Un caso dramático presentó una señora montada en una «perrera» en labor de parto.
Pero por lo menos el reclamo de los obispos dominicanos llegó, aún cuando las autoridades se vanaglorian de que los partos de haitianas se han reducido en más de un 50 % desde que comenzaron los protocolos en los hospitales.
Ayer, Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, «aclara» que en los hospitales dominicanos no se persiguen haitianos.
¿Y qué es lo que hace la Dirección General de Migración entonces?
Ningún dedo es capaz de tapar el sol, por lo que, a veces, es mejor callar, para no quedar tan mal.
El Gobierno ha sido claro en su política contra los inmigrantes indocumentados, que aplique sus protocolos, pero no luce que un funcionario trata de esconder lo obvio.
