La mayoría de los sectores y entidades productivas coinciden en un punto clave sobre la reforma fiscal: es necesaria y el momento para aplicarla es el adecuado. Sin embargo, difieren en el mecanismo propuesto, considerándolo potencialmente perjudicial para la sociedad y complejo en su implementación.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó su posición a través de un comunicado de su vicepresidente ejecutivo, César Dargam, quien indicó que están en proceso de evaluar lo presentado por el ministro de Hacienda, José Manuel «Jochi» Vicente.
Ayer, el Conep se pronunció formalmente, subrayando que, dada la complejidad del tema, es crucial un «diálogo amplio y constructivo» en torno al proyecto de Ley de Modernización Fiscal. Este proyecto busca eliminar incentivos, aumentar impuestos, combatir la evasión fiscal y realizar otros ajustes para incrementar los ingresos gubernamentales en 122,486 millones de pesos. «Reconocemos la importancia de generar recursos adicionales que permitan al Estado satisfacer las demandas de la población en términos de servicios e infraestructura. Sin embargo, consideramos que este proceso debe sustentarse en la apertura de espacios para la escucha activa y el consenso, como medio para identificar oportunidades de mejora en el proyecto», indicó el gremio en una nota de prensa.
El Conep reiteró su llamado al Congreso Nacional para que continúe el proceso de diálogo iniciado por el Ministerio de Hacienda, abriendo un foro receptivo que permita a los diversos sectores de la economía expresar sus inquietudes y planteamientos. Ayer, la Cámara de Diputados remitió el proyecto de reforma fiscal a la Comisión de Hacienda, donde será analizado para la elaboración de un posible informe que conduzca a su aprobación o rechazo.
Aunque se esperaba que el proyecto fuese enviado a una comisión bicameral para agilizar su análisis, como lo había solicitado el bloque de la Fuerza del Pueblo, la Cámara Baja decidió que la iniciativa cumpla con el procedimiento ordinario, como cualquier proyecto regular.
Opiniones de economistas
Los economistas Jaime Aristy Escuder e Isidoro Santana coincidieron en que el proyecto de Modernización Fiscal presentado por el Gobierno es considerado, aunque señalaron que la propuesta podría haber sido más ambiciosa, ya que solo busca recaudar aproximadamente 122,000 millones de pesos adicionales, equivalente al 1.5% del producto interno bruto (PIB), cuando se necesita mucho más.
«En general, hasta ahora lo conocido me parece acorde con lo que se estaba esperando. De hecho, es mucho menos de lo que se necesita, porque la realidad es que el Gobierno debía hacer una reforma mucho más ambiciosa», sostuvo Santana, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo. A pesar de su costo político, ya que las reformas fiscales suelen ser impopulares, expresó que «es positivo que finalmente se haya tomado una decisión y que se someta al Congreso. Ojalá que se apruebe, porque el país lo necesita».
Por su parte, Aristy Escuder afirmó que la reforma tributaria planteada impactará principalmente a los sectores más pudientes de la sociedad. «Es la primera vez desde la reforma fiscal de 1992, bajo el mandato de Joaquín Balaguer, que el impacto recae de manera significativa sobre los segmentos más ricos. El peso de esta reforma recaerá en los más acomodados», afirmó.
Añadió que su experiencia participando en reformas fiscales anteriores, como las de 1992, 1996 (bajo el Gobierno de Leonel Fernández) y 2000 (durante la administración de Hipólito Mejía), le permite asegurar que la carga tributaria de la actual reforma será asumida mayormente por los de mayores ingresos.
