El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití ha instado a la República Dominicana a respetar sus compromisos internacionales en materia de repatriación, pidiendo que ponga fin a lo que califica como «brutales y racistas operaciones de deportación».
El Consejo también solicitó a las autoridades dominicanas implementar las cláusulas del protocolo de repatriación firmado entre ambos países en 1999, así como los convenios internacionales que ha suscrito la República Dominicana. Este protocolo reconoce el derecho legítimo del gobierno dominicano a repatriar a ciudadanos haitianos indocumentados, pero establece que las autoridades migratorias deben respetar los derechos humanos y evitar la separación de familias durante el proceso de repatriación. Además, las deportaciones no deben realizarse en la noche, los domingos ni en días feriados, y deben llevarse a cabo en puestos fronterizos específicos.
«Haití reitera su compromiso de establecer un diálogo constructivo a través de vías diplomáticas para restablecer una política de buena vecindad», afirmó el CPT en un documento de tres páginas publicado en su página de Facebook.
El jueves pasado, el Consejo se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Haití para explicar «la gravedad de la situación», denunciar las «numerosas violaciones y abusos cometidos por las autoridades dominicanas» y solicitar el apoyo y solidaridad de la comunidad internacional. Estas gestiones se están llevando a cabo simultáneamente en varias capitales extranjeras y por parte de principales organizaciones internacionales.
Haití reconoció el derecho de las autoridades dominicanas a controlar el flujo de migrantes hacia su territorio dentro de su soberanía, pero enfatizó que las relaciones entre los dos países deben regirse por normas internacionales, incluyendo el trato a los migrantes, independientemente de su estatus.
En cuanto a la repatriación, Haití afirmó haber documentado numerosas irregularidades y abusos. Se han registrado casos de menores no acompañados y se han encontrado evidencias de traumatismos físicos en algunos repatriados. Además, muchos retornados han sido despojados de sus documentos de identidad y otros efectos personales.
El CPT también denunció que a los representantes diplomáticos y consulares haitianos se les ha negado el acceso a centros de detención temporal, afirmando que la República Dominicana ha violado numerosos convenios internacionales que ha firmado en este ámbito.
El Consejo recordó que, según el protocolo de 1999, el país fronterizo debe permitir que los repatriados recuperen sus pertenencias. Sin embargo, los repatriados han llegado a Haití sin ninguna de sus posesiones, acumuladas a lo largo de años de trabajo duro.
«Algunas operaciones se llevaron a cabo a altas horas de la noche», subrayó el CPT, que informó que el 5 y 6 de octubre cerca de 3,500 personas fueron deportadas a través de los puestos fronterizos de Belladeres y Ouanaminthe.
El Consejo también afirmó que no se envió previamente ninguna lista a las misiones diplomáticas y consulares haitianas.
Finalmente, el CPT expresó su «profunda preocupación» por la decisión adoptada el 3 de octubre por el presidente dominicano, Luis Abinader, de repatriar hasta 10,000 nacionales haitianos por semana, con un objetivo total de 500,000. «Esta política pisotea los derechos de los migrantes», concluyó el Consejo, que está integrado por nueve miembros.
