El Gobierno de la República Dominicana busca que la reforma fiscal propuesta entre en vigencia el primero de enero de 2025. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo para modernizar el sistema tributario del país, con el objetivo de incrementar la recaudación fiscal y mejorar la eficiencia en la administración de los recursos públicos.
La propuesta de reforma incluye una serie de cambios significativos en la estructura tributaria, que abarcan desde la implementación de una amnistía fiscal para facilitar a los contribuyentes regularizar sus deudas, hasta ajustes en las tasas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El Gobierno también ha señalado que esta reforma buscará simplificar el proceso de declaración de impuestos y mejorar la coordinación entre las distintas entidades fiscales, como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
El presidente Luis Abinader ha enfatizado la necesidad de que la reforma sea aprobada y implementada de manera oportuna para atender las demandas de la sociedad en áreas clave como la seguridad, la salud y la educación. Asimismo, se busca garantizar la sostenibilidad fiscal del país, reducir la evasión tributaria y fomentar un ambiente de inversión más atractivo.
El plan contempla la creación de un sistema de “scoring tributario” para evaluar el comportamiento de los contribuyentes y la introducción de la factura electrónica, lo que permitirá un seguimiento más preciso de las transacciones comerciales. También se pretende eliminar exenciones fiscales que no aportan un beneficio claro y realizar evaluaciones periódicas de los incentivos fiscales existentes.
Sin embargo, la propuesta ha generado un amplio debate en la sociedad, con opiniones divididas sobre su impacto potencial en la economía y en los ciudadanos. Críticos de la reforma advierten que algunos de los cambios propuestos podrían afectar negativamente a la clase media y a los trabajadores, quienes ya enfrentan desafíos económicos.
El Gobierno, por su parte, está comprometido en socializar el contenido de la reforma y recoger las opiniones de diferentes sectores para lograr un consenso que permita la implementación exitosa de la misma. La expectativa es que, tras su aprobación, la reforma fiscal logre establecer un sistema más justo y equitativo, impulsando el desarrollo sostenible del país.
