Diversos sectores están expectantes ante la presentación del proyecto de reforma fiscal que ha venido anunciando el Gobierno, con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales y mejorar las finanzas públicas. Este proyecto incluye un plan de nivelación fiscal basado en la evaluación de los incentivos, el combate a la evasión y el logro de que todos los sectores cumplan con su responsabilidad fiscal.
El tema es uno de los más discutidos en el país por sus implicaciones en distintas áreas económicas, como las empresas privadas y los consumidores, quienes deberán contribuir en este proceso crucial que busca aumentar las inversiones en obras, infraestructuras y servicios.
De acuerdo con las explicaciones del ministro de Hacienda, José Manuel Vicente (Jochi), se propone una reforma que sumaría 110,418 millones de pesos anuales a las finanzas públicas. Los fondos se destinarían a áreas como seguridad ciudadana (13,043 millones), atención primaria en salud (10,870 millones), transporte (35,272 millones), gobiernos locales (11,000 millones), recapitalización del Banco Central (22,233 millones) y el sector eléctrico (18,000 millones). Vicente aclaró a los empresarios en un reciente encuentro que los cambios no se realizarán de «golpe y porrazo», sino de manera paulatina, hasta lograr equilibrar las finanzas, por lo que abogó por la comprensión y la colaboración a nivel nacional.
Postura de los sectores
A pesar de no haber sido consultados previamente, algunos líderes empresariales se mostraron dispuestos a colaborar con la intención del Gobierno de mejorar sus finanzas. Sin embargo, expresaron la necesidad de conocer el proyecto en detalle para poder compartir sus observaciones.
Mientras esperan la publicación del documento, han manifestado su preocupación sobre la revisión y eliminación de las exenciones fiscales, las cuales consideran necesarias para diversos sectores que, por su naturaleza, dependen de ellas para ser competitivos a nivel internacional. El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, compartió sus consideraciones sobre la reforma, resaltando la importancia de que el enfoque sea integral, es decir, que se preste atención al gasto y a los «hoyos» que existen en la operación del Estado, como el sector eléctrico y otros dispendios en diversas áreas.
«Más allá de eliminar exenciones de manera generalizada, lo que proponemos es que se realice una revisión costo-beneficio de cada régimen fiscal. Aquellos que no sean efectivos deben ser revisados, pero no apoyamos la idea de una eliminación generalizada», indicó.
El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), David Llibre, planteó su perspectiva sobre las implicaciones que podría traer a la industria una posible eliminación de incentivos. Si se eliminan las exenciones fiscales al turismo, la inversión extranjera directa en el sector podría caer hasta un 50%. «Esto significaría 7,000 millones de dólares menos en ingresos por divisas provenientes del turismo», dijo.
Por su parte, el director de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Luis José Bonilla, planteó que, aunque el sector es uno de los beneficiados en materia fiscal, también es uno de los pilares de la economía, con un crecimiento del 14% en agosto, lo que refleja la importancia del renglón en el crecimiento económico.
