El temor y la incertidumbre se han convertido en parte de las preocupaciones de comunidades de la provincia Dajabón, donde el tráfico ilícito de migrantes haitianos es señalado como una amenaza creciente para la tranquilidad de las familias, la seguridad ciudadana y el orden social en esta zona fronteriza.
Lo que para las redes dedicadas al tráfico de personas representa un negocio clandestino, para los habitantes de las comunidades afectadas significa vivir con la preocupación de que sus calles, caminos vecinales y carreteras sean utilizados como corredores para el traslado irregular de extranjeros hacia distintos puntos del territorio dominicano.
La situación denunciada abarca comunidades como Guayajayuco, Restauración, Loma de Cabrera, Santiago de la Cruz, Campeche, Chacuey, Partido, La Gorra y Santa María, y se extiende hacia Las Matas de Santa Cruz, en la provincia Montecristi.
Según las denuncias comunitarias descritas, personas vinculadas al tráfico ilícito de migrantes, conocidas popularmente como poteas, utilizarían motocicletas, vehículos privados y guaguas de transporte para movilizar extranjeros, aprovechando caminos alternativos y rutas que permitirían evadir los controles establecidos.
Entre los ciudadanos que han denunciado esta situación figuran Juan Soto, residente en la comunidad de Chacuey; Rigoberto Contreras, de Guayajayuco; y Ana Lucía Cruz, de Clavellina, quienes se suman a las voces comunitarias que reclaman mayor vigilancia y acciones efectivas frente al traslado irregular de extranjeros por caminos y carreteras de la frontera.
Sospechas que comprometen la confianza en las autoridades
Uno de los señalamientos más delicados apunta hacia la presunta anuencia de miembros de organismos castrenses destacados en la frontera, bajo cuya vigilancia se estarían produciendo algunos de estos desplazamientos.
Estas acusaciones requieren una investigación independiente y no constituyen, por sí solas, pruebas de complicidad militar.
Sin embargo, su gravedad plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles, la supervisión de los puestos militares y la posible participación de agentes del Estado en actividades ilícitas.
La preocupación aumenta por el temor de que las rutas utilizadas para el tráfico de migrantes también puedan ser aprovechadas por estructuras delictivas dedicadas al contrabando de mercancías, armas y sustancias prohibidas, aunque no se han presentado evidencias específicas de estas conexiones en los casos denunciados.
