Desde la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, ocurrida el pasado 3 de julio durante una intervención policial en Herrera, Santo Domingo Oeste, la Policía Nacional no ha vuelto a informar sobre presuntos «intercambios de disparos», un tipo de operativo que hasta entonces figuraba con frecuencia en los reportes oficiales de la institución.
Han transcurrido 12 días desde ese hecho sin que la Policía reporte la muerte de algún supuesto delincuente en las denominadas «acciones legales», un contraste que ha llamado la atención debido a la frecuencia con la que estos casos eran comunicados durante los primeros meses del año.
Una tendencia que se detuvo de forma abrupta
Entre enero y junio de 2026, los reportes oficiales contabilizaron 146 personas fallecidas en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales, cifra que representa un incremento del 16.4 % respecto al mismo período de 2025, cuando se registraron 122 casos.
Sin embargo, esa tendencia se interrumpió tras el caso de Darlin Mercado, cuya muerte provocó una fuerte reacción pública y abrió un nuevo debate sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
El caso generó indignación tanto en la ciudadanía como en distintos sectores de la sociedad, e incluso fue objeto de pronunciamientos del presidente Luis Abinader, quien expresó preocupación por lo ocurrido.
Llamado a cumplir los protocolos
Tras la polémica, los altos mandos policiales instruyeron a los agentes a actuar con estricto apego a los protocolos institucionales y al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos durante cada intervención.
Aunque la institución no ha vinculado oficialmente esas directrices con la ausencia de nuevos reportes de intercambios de disparos, el cambio coincide con un período en el que no se han registrado nuevas muertes bajo esa modalidad.
Las denominadas ejecuciones extrajudiciales han sido objeto de constantes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que durante años han denunciado un uso excesivo de la fuerza por parte de algunos agentes.
Derechos Humanos alerta sobre un problema estructural
El pasado 1 de abril, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, afirmó que la situación dentro de la Policía Nacional responde a un problema de carácter estructural.
El activista sostuvo que la institución ha desarrollado una «cultura de matar» y advirtió que la ausencia de sanciones judiciales en estos casos favorece que continúen ocurriendo presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Según Mercedes, revisar los archivos de los organismos de derechos humanos evidencia que numerosos casos similares permanecen sin consecuencias para los responsables, lo que, a su juicio, incentiva la repetición de estos hechos.
Un patrón que ya se había observado
La actual pausa en los reportes de intercambios de disparos no sería un hecho inédito.
En septiembre de 2025, la Policía Nacional enfrentó otra fuerte crisis de credibilidad luego de que salieran a la luz inconsistencias en la versión oficial sobre la muerte de cinco personas en una peluquería del sector La Barranquita, en Santiago.
Inicialmente, la institución aseguró que las víctimas habían fallecido durante un intercambio de disparos. Sin embargo, posteriormente se conoció que esa versión no coincidía con los hallazgos de la investigación y que al menos una de las personas fallecidas no tenía vínculos con actividades delictivas.
Ese caso desencadenó una ola de críticas contra la Policía Nacional y, posteriormente, la institución dejó de reportar intercambios de disparos durante más de 100 días, un comportamiento que hoy vuelve a llamar la atención tras la muerte de Darlin Mercado.
Aunque no existe evidencia oficial de que ambos episodios estén relacionados, la coincidencia temporal ha reavivado el debate sobre el manejo de estos casos y sobre la necesidad de fortalecer los controles internos, la transparencia y el respeto a los protocolos en las actuaciones policiales.
