La justicia dominicana desde hace unos años se encuentra en un momento de penumbra. De manera preocupante, vemos cómo ha sido arropada por el populismo penal, un fenómeno mediático y social que ha impregnado prácticamente todos los estamentos de nuestro Sistema de Justicia. En este escenario adverso, resulta imperativo reflexionar sobre el rol fundamental que juega el juez en el balance de la separación de poderes.
Históricamente, la figura del juzgador ha navegado entre dos grandes extremos. Por un lado, tenemos el clásico temor de los franceses al famoso «gobierno de los jueces», producto de la Revolución, donde se ataba al magistrado a ser simplemente la bouche de la loi (la boca de la ley), un aplicador mecánico y estricto sin mayor margen de interpretación. Por otro lado, en el extremo opuesto, encontramos el contraste del súper hombre de Ronald Dworkin, el célebre juez Hércules, concebido como una figura dotada de todas las capacidades y poderes habidos y por haber para desentrañar los principios y aplicar la justicia en los casos más difíciles.
Sin embargo, es vital destacar que, en ambos esquemas, sin importar las formas o la escuela de pensamiento, la figura del juez está diseñada para ser un ente de contrapeso y control de los demás poderes del Estado. Su misión es inquebrantable: actuar en procura de los derechos de las personas, quienes se ven en una inmensa desventaja al ser sometidas en los procesos judiciales a la aplastante fuerza estatal.
Un sistema de justicia sólido y con conciencia funcional permite elevar el Estado de derecho y las actuaciones institucionales a un mejor nivel. Cuando el juez, en su rol de garante, corrige las malas prácticas estatales, no debilita al Estado; por el contrario, permite que el poder coercitivo e investigativo mejore, se perfeccione y actúe dentro del marco de la legalidad.
Lamentablemente, la realidad de muchos tribunales, aunque noblemente no de todos, dista de este ideal. En la actualidad, vemos cómo, en procura de una mal denominada «Justicia Social» (como algunos erróneamente la citan), las decisiones se ven motivadas por el qué dirán. Existe un terror reverencial al titular de prensa, al miedo de ser tildado de corrupto en la opinión pública o que se especule la revocación de un visado, simplemente por haber fallado en contra del poder coercitivo, o de haber exigido el cumplimiento de la ley frente a una investigación deficiente.
Peor aún, vemos manifestarse en los estrados la idea de los famosos «vengadores» de Marvel (Avengers): jueces que sienten que deben hacer la justicia por su propia mano. Ante la ineficiencia del poder coercitivo, temen que respetar las formas y el debido proceso pueda generar una ola de impunidad, permitiendo que verdaderos delincuentes queden sin sanción.
Esta falsa premisa heroica ha provocado que, cada día que pasa, los estándares probatorios para dictar una condena o imponer una prisión preventiva sean cada vez más simples y menos rigurosos, con el único fin de garantizar el castigo y la privación de libertad de los ciudadanos a toda costa.
Es necesario dejar algo meridianamente claro en el debate jurídico: no es rol de la Judicatura pensar si sus precedentes generarán o no impunidad. Su rol es aplicar el derecho y ejercer como un ente de estricto control. Incluso cuando analizamos al súper juez de Ronald Dworkin, debemos recordar que este no adquiere facultades omnímodas para desconocer las normas procesales en favor del poder punitivo. Al contrario, el propio Dworkin establece que dicho juez desconoce el derecho escrito (cuando este es injusto) precisamente para proteger a las personas y sus derechos fundamentales. El fin último del Poder Judicial es salvaguardar a la persona humana, no proteger a los sectores de poder del Estado ni subsanar las falencias de la acusación.
Debemos reflexionar sobre un hecho ineludible. Un Poder Judicial con conciencia funcional y conocedor de su rol no genera impunidad. Todo lo contrario: ayuda a que el sistema de justicia evolucione. Cuando los jueces son exigentes y verdaderos garantes, obligan a que el Ministerio Público, las fuerzas del orden y los entes de persecución mejoren su trabajo cada día, realizando investigaciones sólidas y procesos intachables que sí aseguren, de manera legítima, que ningún culpable escape.
Como bien inmortalizó el célebre jurista inglés William Blackstone en su famosa máxima, piedra angular de la justicia penal que hoy parece olvidada: «Más vale que diez personas culpables queden libres, a que un solo inocente sufra en prisión».
Por: Miguel Valdemar Díaz
