El Ministerio Público presentó formalmente cargos contra los integrantes de una presunta red criminal desmantelada mediante la Operación Onco14, acusada de defraudar al Estado dominicano, al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y a pacientes oncológicos mediante un esquema de desvío de recursos destinados a tratamientos médicos. La investigación es encabezada por la Dirección General de Persecución, la Pepca y la Fiscalía de Santiago.
De acuerdo con el expediente acusatorio, la estructura era liderada por tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad responsable de la administración del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Entre los imputados figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del patronato; Luisa Yasiris Guzmán, vinculada a una fundación relacionada con la investigación; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó distintos cargos administrativos y de auditoría dentro de la institución.
Los fiscales sostienen que los acusados habrían utilizado empresas y organizaciones vinculadas para canalizar recursos de manera irregular, afectando fondos destinados a la atención de pacientes del régimen subsidiado. Asimismo, destacan que Lora Cruceta permaneció varios años al frente de la institución, pese a que los estatutos establecían períodos más limitados para el ejercicio de la presidencia.
Durante los allanamientos realizados como parte de la operación, las autoridades ocuparon dinero en efectivo, documentos, equipos electrónicos, títulos de propiedad y vehículos que forman parte de las evidencias incorporadas al proceso.
El Ministerio Público informó que los imputados enfrentarán cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, entre otras infracciones contempladas en la legislación dominicana.
